El primer encontronazo parlamentario del año entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, volvió ayer a tener la crisis económica como telón de fondo. En esta ocasión, el jefe de la oposición achacó a la «incompetencia» de su rival que la cifra de paro juvenil haya alcanzado el 43,6 por ciento, una tasa que considera «un escándalo» porque supone que 909.000 españoles con menos de 25 años que quieren trabajar no pueden hacerlo.
«Estos datos son insoportables en sí mismos por lo que significan de capital humano desperdiciado y cientos de miles de esperanzas frustradas», subrayó el político gallego, quien encontró «resignado» al leonés en sus explicaciones.
Por su parte, el dirigente socialista, que reconoció las cifras manejadas por su oponente, aseguró que es el principal «problema social y económico que tenemos por delante», aunque quiso rebajar la responsabilidad del Ejecutivo, al asegurar que se trata de un «drama» de carácter «estructural» que se reaviva con cada crisis.
En este sentido, recordó que la reforma laboral recientemente aprobada tendrá consecuencias positivas para el empleo entre el sector más joven de la población, «singularmente cuando empecemos a tener una recuperación económica más consolidada», ya que incluye bonificaciones e incentivos directamente destinados a fomentar el trabajo y la formación.
No obstante, Zapatero reconoció que «no será fácil» reducir el paro entre los menores de 25 años, que soportan una tasa que duplica la media nacional situada en el 20 por ciento, que a su vez es el doble del dato europeo. De hecho, lejos de allí, en Davos (Suiza), el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, mostró su malestar al respecto, pues «puede haber otro mayo del 68 en Europa».
La respuesta del secretario general del PSOE aumentó la «preocupación» de Rajoy, quien aconsejó al presidente que, si no tiene ideas para reducir esta lacra social, al menos acepte la proposición no de ley que presentó el PP, que incluía un plan de empleo joven «completo», y que fue rechazada en el Congreso por los socialistas.
«En sus siete años de mandato el retroceso ha sido tan brutal, que nos condenará en un futuro inmediato a hacer enormes esfuerzos para que estos chicos puedan incorporarse al mundo laboral», argumentó el dirigente conservador, quien insistió en que la realidad y la falta de creación de trabajo demuestran que las «políticas socialistas han fracasado».
Para sostener su línea argumental, Rajoy recordó que en 2004 la tasa de asalariados menores de 25 años en el país era del 24 por ciento y la europea del 18. En 2011, la de la UE ha crecido tres puntos y la nacional 19. Un incremento que ha provocado que uno de cada cuatro jóvenes en paro del Viejo Continente sea español.
A este respecto, Zapatero espetó al ex ministro de Aznar que los datos son tozudos y le pidió rigor en los análisis. Así, trató de arrimar el ascua a su sardina afirmando que la tasa media durante su mandato ha sido del 25 por ciento, mientras que en las legislaturas del PP llegó al 30 por ciento. Unas cifras que causaron revuelo en la bancada popular que sigue trasladando el mensaje de que a «esta legislatura le queda poco tiempo».
La guerra de guerrillas continuó en otros frentes, como el de Soraya Sáenz de Santamaría y Alfredo Pérez Rubalcaba -amén del de Chaves y el caso Matsa-. La portavoz popular, tras preguntarle al número dos del Gobierno «por qué se empeñaba en machacar a las clases medias españolas», dejó que varios de sus compañeros se ensañaran con el sucesor metiendo el dedo en la llaga, en el caso Faisán. Fueron los momentos más tensos de la mañana.
Pese a que el ministro del Interior calificó lo sucedido de «mero incidente», el diputado Ignacio Gil Lázaro afirmó que esta causa sigue abierta para «vergüenza y desgracia» suya. La decisión del juez pone a Rubalcaba en una situación «muy difícil en el ámbito de lo penal» porque se enfrenta a un sumario, que es lo que «ha tratado de impedir por todos los medios».
Pero también, según el político conservador, en el ámbito parlamentario, porque «ya no podrá decir que todo es falso y que es un insulto a la Policía». «La apertura del sumario supone un triunfo del Estado de Derecho frente a las maniobras turbias de determinados políticos como usted, acostumbrados a la prepotencia, la manipulación y la mentira, y que creen que su poder les hace impune», al tiempo que recordó que los sindicatos policiales respaldaron la decisión del juez.
Sobre este punto, el portavoz de la Comisión de Interior del PP, Ignacio Cosidó, sostuvo que «no cabe en la cabeza que haya un solo agente o guardia civil que sea capaz de traicionar a todos sus compañeros» sin que de por medio haya una orden política.
A fin de proteger a Rubalcaba, la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, aseguró: «Si viniera un marciano al Congreso y escuchara lo que le dice el PP al ministro del Interior, sería difícil convencerle de que la lucha contra ETA va bien y de que hay unidad de los demócratas».
