España va a reducir el déficit público, situado en el 8,5 por ciento del PIB, «sin prisas pero sin pausas», porque «así es evidente que no podemos continuar», pero «tengan la certeza de que vamos a salir pronto de esta situación».
Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió ayer a disminuir el desequilibrio presupuestario del Estado todo lo que se pueda, en un esfuerzo que, según advirtió, deberá ir acompañado de políticas que sirvan para crear empleo.
El jefe del Ejecutivo subrayó que España hará «un gran trabajo para la reducción de la deuda publica, todo el que podamos», porque este país no puede seguir como el año pasado, gastando «90.000 millones más» de lo que ingresó. «Así es evidente que no podemos continuar», aseveró el popular tras presentar la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, que se celebrará en noviembre, para después enfatizar que «sin prisas pero sin pausas» la nación va a disminuir ese 8,5 por ciento que anunciaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado lunes. «Lo va a hacer la Administración General del Estado, pero lo tienen que hacer también las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos», precisó el mandatario español.
Eso sí, aclaró que este esfuerzo hay que compatibilizarlo con políticas que «sirvan para la creación de empleo» y generar «ingresos». «Le pido a todos los españoles que entiendan que las cosas no son fáciles, que tendremos que hacer esfuerzos, pero que tengan la absoluta certeza de que de esta situación vamos a salir pronto», zanjó el presidente del Gabinete.
Por otro lado, fuentes de Moncloa avanzaron que el Consejo de Ministros aprobará hoy el cuadro macroeconómico, en el que esperan incluir el techo de gasto de 2012 que mañana recibirá el visto bueno del Gobierno, y que, además servirá de base para la confección de las cuentas públicas.
La decisión de hacer los Presupuestos para este ejercicio, según explicó el titular de Hacienda, la ha tomado el Ejecutivo a pesar de que no tenía por qué hacerlo al haber unas cuentas «vigentes y modificadas». Tal y como concretó, el Gabinete hará estos presupuestos porque cree que al país le conviene y porque ayudará a determinar las correcciones del déficit que tienen que realizar las Comunidades y las entidades locales.
En este contexto, el popular defendió que el Gobierno está cumpliendo «absolutamente» con los plazos que marca Bruselas y señaló incluso que España se ha «adelantado» en el tiempo porque tenía de plazo hasta finales de mes para dar a conocer las cifras reales de déficit. No obstante, admitió que no ha podido enviar la información «completa» y que será a mediados de marzo cuando dispondrá ya de los datos del Banco de España en términos de deuda pública. «Esta semana estará completada la información», subrayó, tras recordar que lo que se ha enviado hasta ahora es, simplemente, una información estadística que, además, no contiene «saltos especiales».
Montoro realizó estas declaraciones a los medios tras su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, en la que reconoció que la «gravedad» de la crisis ha mermado «con virulencia» la solvencia de las corporaciones locales y ha llevado a algunos ayuntamientos a «situaciones próximas a la quiebra técnica», con «enormes» retrasos en el pago a proveedores y en las nóminas.
El popular consideró «inaceptable» la situación, por lo que resaltó la necesidad de conocerla y corregirla con diferentes medidas que mejoren la liquidez de los consistorios de cada localidad y con ello, la situación de las empresas en España. En este sentido, el ministro resaltó la necesidad de sanear las cuentas para facilitar el objetivo común de generación de crecimiento económico y empleo.
El titular de la cartera de Hacienda resaltó, además, la necesidad de trabajar en «acuerdos políticos y consensos», porque hay que «hacer de la necesidad virtud» y convertir la crisis en una «oportunidad» para sacar adelante reformas estructurales «útiles» para favorecer la salida de la crisis. Por ello, aseveró que la política del Gobierno se fundamenta en la consolidación fiscal y en un «amplio» programa de reformas para lograr el saneamiento del sector público.
