Para demostrar que el PP no tiene afán persecutorio con respecto a los sin papeles, sino que sus propuestas tan solo plantean la necesidad de regular la llegada y estancia de extranjeros para que se adecue a las posibilidades reales del mercado laboral español, el presidente de los populares, Mariano Rajoy, sugirió ayer que todo inmigrante pueda beneficiarse de servicios básicos como la sanidad y la educación sin necesidad de estar empadronado.
«Tales derechos no los garantiza el padrón, sino que se garantizan por el mero hecho de ser seres humanos, aún sin ningún documento. Solo con tener eso bien claro, ya nos podríamos evitar muchos problemas», explicó el conservador durante un acto de su partido en Cataluña.
El jefe de la oposición aseguró que está a favor de la inmigración y reiteró que cualquier persona tiene derecho a los servicios básicos y a venir a España para ganarse la vida, aunque, recordó, se trata de una realidad que depende de manera indisoluble de las ofertas de trabajo que haya en el país, y de la capacidad de prestar servicios sociales a todos.
«Hay una contradicción entre la obligación de empadronar por ley y la normativa que dice que se debe expulsar a las personas en situación irregular que se empadronan», sentenció el gallego antes de explicar que deben estudiarse de manera muy detallada los requisitos y los efectos de los padrones municipales, aunque apuntó que la prioridad pasa por poner «orden y control» en la inmigración.
Por ello, la formación de Génova llevará diversas iniciativas al Congreso, tales como la ya mencionada de regular el padrón, o prohibir por ley las regularizaciones masivas, expulsar a los inmigrantes con sentencias que conlleven una pena superior a seis meses de prisión, así como no dar permiso de trabajo a los inmigrantes con una orden de expulsión.
Además, Rajoy puso de nuevo encima de la mesa la propuesta de instituir un contrato que regule los derechos y los deberes de los inmigrantes y que contribuya a la integración de los extranjeros en España «a través de su cultura y su tradición».
Con respecto a la medida pretendida por el Ayuntamiento de Vic para negar sistemáticamente la inscripción en sus registros de vecinos a los inmigrantes en situación irregular, el popular se alineó con la tesis generalizada de que la normativa «está para cumplirse», una afirmación que también consideró válida para el caso de Torrejón, gobernado por el PP y que también pone trabas a los sin papeles.
A continuación, el dirigente conservador matizó que el «verdadero problema» es la actual política de inmigración desarrollada por el Ejecutivo socialista, que, añadió, podría paliarse en parte modificando la Ley de Extranjería, sobre todo porque hay una gran contradicción entre esta normativa y la Ley de Bases de Régimen Local, que regula el padrón.
Rajoy también reclamó criterios unificados en la Unión Europea con respecto a estas cuestiones: «Es ridículo que en Europa a unos se les expulse porque hacen unas cosas, y en otros países de los Veintisiente no se les eche por las mismas razones», apostilló.
Como colofón, el líder de los populares criticó a los partidos que pidieron papeles para todos, una iniciativa que definió como «demagógica y alejada de la realidad», recordando que su formación se opuso a esta demanda en su día: «¡Y nos decían que éramos unos fachas!», apostilló.
