Tras sondear a la plana mayor de su partido, a la que pidió opinión y consejo sobre la mejor manera de abordar la nueva andanada que Garzón ha lanzado contra la formación de Génova a costa del caso Gürtel, Mariano Rajoy rompió ayer su silencio. Y lo hizo para defender al tesorero de su partido, Luis Bárcenas, y al europarlamentario Gerardo Galeote. «Nadie podrá probar que no son inocentes», proclamó el líder conservador antes de recordar que ninguno de los dos está imputado, ni acusado siquiera.
No obstante, cabe recordar que en el auto en el que el pasado martes el juez Garzón trasladó toda la investigación sobre la trama de tráfico de influencias al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se explica con todo lujo de detalles que Bárcenas y Galeote habrían recibido casi 2 millones de euros de la trama liderada por Francisco Correa.
Abundando en los argumentos jurídicos, Rajoy recordó que «la propia Fiscalía le dijo en su día al titular de la Audiencia Nacional que no enviara el asunto al Supremo por considerar que no hay indicios suficientes contra aforados nacionales».
El propio Bárcenas reiteró su inocencia y proclamó que es «manifiestamente falso» que haya tenido «relación ilícita» con Correa y que haya recibido cantidad alguna de la trama. El senador cántabro explicó ayer que todos sus ingresos «se hallan absolutamente justificados» que ha ejercido, del mismo modo que su patrimonio es fruto «exclusivamente» de sus actividades laborales.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, se hizo eco un día más de la postura oficial del Gobierno y advirtió de que, mientras Rajoy no dé explicaciones ni exija responsabilidades, estará «ligando claramente su destino al de estos imputados» ya que los hechos investigados, si se confirman «son gravísimos».
Tal razonamiento no cae del todo en saco roto en el seno del PP, donde hay una nítida conciencia de que el caso tiene un enorme potencial dañino.
No obstante, la mayoría de dirigentes populares creen que forzar ahora la dimisión de Bárcenas dejaría con el culo al aire al presidente valenciano, Francisco Camps, que también tendría que asumir responsabilidades políticas.
De ahí que, por ahora, la mejor opción de Génova consiste en esperar a ver si el nuevo juez instructor decide adoptar alguna decisión con respecto a Bárcenas.
No obstante, tampoco falta quien considera que lo más conveniente sería que el tesorero deje su puesto, máxime cuando hay otra campaña a la vuelta de la esquina. «Las acusaciones son gordas y tiene que volcarse en defender con uñas y dientes su inocencia», aseguraba off the record un veterano diputado.
En todo caso, parece que los populares ya están sondeando el terreno judicial para anticipar sus próximos movimientos, y lo han hecho merced a una maniobra que ha levantado polémica. De hecho, en un episodio que los socialistas compararon con la cacería de Bermejo y Garzón, el presidente del Tribunal Superior madrileño, Francisco Javier Vieira, compartió mesa con el consejero de Interior de Madrid, el popular Francisco Granados. Ambos protagonistas reconocieron que durante el almuerzo se habló del caso Gürtel, justo el día antes de que la instancia capitalina asumiera toda la causa y, de paso, arrebatársela a Garzón, con gran júbilo del PP. En todo caso, los protagonistas negaron que en la cita se abordara ningún asunto que pueda dar pie a críticas.
