El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, replicó ayer por primera vez en el Congreso de los Diputados a la coalición abertzale Amaiur, a la que advirtió de que «el único conflicto» que existe en el País Vasco es el de una banda terrorista «que aún no se ha disuelto». En ese sentido, garantizó que su Ejecutivo aplicará la ley para lograr ese objetivo, al tiempo que pidió a esta formación que ponga en juego toda su influencia para que ETA se disuelva inmediatamente y sin ninguna condición.
«El Gobierno va a asegurar el cumplimiento de la ley, mi obligación es proteger a los ciudadanos y no comparto su planteamiento. Por lo que atañe a este Gabinete, el único conflicto sin resolver es el de una banda que ha anunciado el cese de sus crímenes pero no se ha disuelto y mi obligación es utilizar la ley para garantizar la desaparición y que sus miembros respondan de manera individual ante la Justicia», replicó el líder del Ejecutivo.
El planteamiento con el que Rajoy aseveró no estar de acuerdo fue el que le trasladó el portavoz de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, quien comenzó diciendo que «ha habido conflicto político antes de la organización y sigue después de la banda» y advirtió de que la verdadera pacificación y normalización dependerá «de que se atajen tanto las causas como las consecuencias».
Respeto a la legalidad
Por otro lado, ayer partidos y organizaciones sociales valoraron el texto pactado por los grupos políticos el martes para exigir la disolución de ETA, así como la petición rechazada de ilegalizar Bildu y Amaiur, planteada por UPyD.
Así, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró durante el homenaje al socialista Fernando Buesa, asesinado el 22 de febrero de 2000, que el respeto a la legalidad en la gestión de la situación creada tras el cese del terrorismo «no está reñido con un uso inteligente de las posibilidades» que ofrece el Estado de derecho «para que el anhelado final de ETA se produzca cuanto antes».
Por su parte, la líder de UPyD, Rosa Díez, aseguró que se habían quedado solos «defendiendo la ilegalización de los enemigos de la democracia» y criticó que tanto PP como PSOE utilizan «mucha palabrería» para «tratar de demostrar que Amaiur no es lo que es».
A pesar de esa soledad parlamentaria de la que se quejó la dirigente vasca, distintas voces salieron en su defensa. Por ejemplo Ana Íribar, viuda del popular Gregorio Ordóñez, que sostuvo que «vale más estar solo que mal acompañado» y exigió a que se inste a la ilegalización de Bildu y Amaiur. Además, avisó a PP y PSOE de que las víctimas están «hartas» de «tanta ambigüedad».
