El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió ayer en el Congreso la legalidad del proceso extraordinario de regularización fiscal de 2012, más conocido como amnistía fiscal, e insistió en que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló aquel decreto ley no tiene efectos.
“La sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas que son firmes no podrán ser revisadas. Esa es la verdad, y lo demás son juicios de valor”, aseveró el presidente ante la pregunta de la portavoz socialista, Margarita Robles, quien se estrenó en la sesión de control al Gobierno de pidiéndole una valoración de la reciente sentencia.
Rajoy volvió a decir que en 2012 España “estaba en una situación límite, al borde de la quiebra y al borde del rescate” y que esta escenario provocó que se tomaran “decisiones que probablemente en otras circunstancias no se hubieran tomado”.
“No solamente esa —prosiguió— sino también una subida de impuestos, que luego volvimos a bajar, o por ejemplo la nacionalización de la banca, cosa que considerará que en un partido como el mío no es lo más razonable y que no figuraba en nuestro programa”.
En todo caso, Rajoy defendió que la regularización “se hizo en línea de las recomendaciones de la OCDE” y que también otros países, como Reino Unido, Italia o Estados Unidos, aprobaron procesos similares. “Esa regularización fiscal ni limpia ni borra delitos”, subrayó, tras apuntar que la amnistía permitió obtener unos ingresos adicionales de 1.200 millones de euros y aflorar unos 40.000 millones.
