Quizá para no llevar la contraria a todas las encuestas que reflejan el creciente desapego de la sociedad española hacia los partidos políticos y sus líderes, socialistas y populares se enfrascaron ayer en otra de esas estériles polémicas que parecen diseñadas para distraer al país de los verdaderos problemas y, con el pretexto de la nonata sentencia sobre el Estatut, unos y otros se acusaron mutuamente de ser los responsables de que el Constitucional se haya convertido en otra rémora más del Estado democrático.
Así, mientras el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, responsabilizaba a los conservadores de la no renovación del alto tribunal, el líder de la formación de Génova, Mariano Rajoy, hacía lo propio, pero achacando la parálisis de la institución al Gobierno socialista. A juicio del gallego, toda la culpa la tiene la visión «cortoplacista» del presidente Zapatero.
«Cuando las políticas son miopes y solo se piensa a corto plazo, cuando se deja a algunas fuerzas fuera del mapa y no se piensa en el interés general, ni en las consecuencias de los actos, la realidad te acaba pasando por encima», recalcó el gallego.
Como colofón y con grandes dosis de grandilocuencia, Rajoy proclamó que España necesita «un rumbo fijo que surja de una propuesta política, y que se fije levantando la mirada más allá de la siguiente elección, de los votos que puedas perder o ganar al día siguiente».
Desde el otro lado de la trinchera, Caamaño, quien defendió que la interinidad de varios magistrados del Constitucional «no tiene nada que ver con su legitimidad» puso además la mano en el fuego por la imparcialidad de los togados. «El hecho de sentarse después de tantos años de trabajo en ese tribunal no los hace ni de uno ni de otro», afirmó el socialista en contra de la opinión casi unánime de la sociedad.
Por supuesto, el compañero de Rodríguez Zapatero tiene claro que, si hay algún problema, es responsabilidad del PP. «Solo hay un culpable, en mi opinión, que se llama Partido Popular», afirmó Caamaño antes de lamentar que el principal partido de la oposición no haya querido plegar a las órdenes del PSOE y, en uso de sus facultades legales, propusiera a candidatos que no eran del gusto de Caamaño y sus colegas.
El PP «hizo sus cálculos estratégicos» sobre la cuota de reparto, e «hizo todo lo posible para que solo saliesen dos candidatos», explicó el titular de Justicia dando por hecho que las decisiones de Ferraz son siempre justas, mientras las de Génova resultan abominables per se.
Sin bajarse de ese alambre en el que está instalado, Caamaño tuvo incluso que cargar contra su correligionario y presidente de la Generalitat, José Montilla, a quien afeó sus críticas sobre la falta de imparcialidad de los magistrados del Constitucional, ya que, a su juicio, los integrantes del Pleno son completamente independientes.
Precisamente desde Cataluña llegaba una sugerencia tan interesada como pintoresca para solucionar las dudas que genera la circunstancia de que cuatro de los 10 jueces llamados a dictaminar sobre el Estatut lleven más de un año ejerciendo sus funciones de manera cuanto menos alegal.
Por boca del jefe de campaña del PSC para las próximas elecciones catalanas, Jaume Collboni, los subordinados de Montilla emplazaron al PP a retirar el recurso que presentó contra el texto regional o, en su defecto y, por si acaso tal recomendación pareciera excesiva, emplazó al principal partido de la oposición a que presente dos candidatos «asumibles» para así posibilitar la renovación del alto Tribunal.
Collboni, que al parecer se siente con tanto derecho a decidir las políticas de su partido como las de todos los demás, acusó a «un sector de la derecha española» de crear confusión al acusar a los socialistas catalanes de no dar legitimidad al Constitucional, y sostuvo que el PSC no cuestiona tanto al organismo en sí como a sus actuales magistrados, capaces de poner en duda un Estatut cuya aprobación tanto conviene a los socialistas.
Collboni criticó también la «indefinición» de CiU frente a las consultas soberanistas que este domingo se celebrarán en 212 municipios catalanes, y recordó que la federación nacionalista todavía no ha aclarado su posicionamiento al respecto, incluso «a pesar de que el lunes se lo solicitó el Partido Socialista».
Entretanto, el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, explicó que «la obligación principal» del Constitucional es dictar, cuanto antes, la «tan ansiosamente esperada» sentencia sobre el Estatut -que, incluso si hubiera voluntad, no podrá estar lista antes de las autonómicas- por lo que plantear ahora su renovación convertiría tal misión en «absolutamente inviable».
