Quince profesionales sanitarios de la provincia de Segovia se han declarado objetores a la eutanasia, de acuerdo a los datos facilitados ayer por la Junta de Castilla y León.
El registro electrónico de Castilla y León que recoge a los profesionales sanitarios que ejercen la objeción de conciencia a la hora de prestar la ayuda para morir cuenta, hasta el momento, con 415 inscritos en el conjunto de la Comunidad, en un derecho que se conjuga con el de poder acogerse a la eutanasia en los casos que plantea la ley en España.
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este viernes el decreto que regula el derecho de los profesionales implicados directamente en esa materia a ejercer esa objeción de conciencia, con un registro, que no es público, que permitirá a la Administración disponer de la información necesaria para garantizar la gestión adecuada de la prestación.
Hasta el 31 de enero, dos personas habían ejercido ese acceso a la eutanasia en la Comunidad, de un total de siete procedimientos planteados en Castilla y León.
Por provincias, y de acuerdo a los datos facilitados este viernes por el portavoz en funciones de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, los profesionales sanitarios que se han acogido a esa objeción de conciencia son 13 en Ávila, con 39 en Burgos, 29 en León, 23 en Palencia, 150 en Salamanca, 15 en Segovia, 2 en Soria, 110 en Valladolid, 6 en Zamora y otros 28 de otros servicios no sanitarios.
El decreto regula el ámbito de aplicación, que alcanza a todos los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir -es decir, que realicen el acto médico para la eutanasia o las prestaciones y auxilios asistenciales necesarios- y que ejerzan en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, independientemente de la naturaleza o duración de su relación laboral y del centro en el que desempeñen su trabajo -público, privado o concertado-.
También se establece el procedimiento de inscripción, de manera que el registro será electrónico, único para toda la Comunidad, no es público y se encuentra adscrito a la Dirección General de Salud Pública.
Se regula también el derecho de acceso al registro, que podrá producirse por el propio interesado, por los gerentes de Asistencia Sanitaria, Atención Primaria y Atención Especializada de Sacyl en el ámbito público o por los directores de la actividad asistencial de los centros privados.
El decreto sistematiza la confidencialidad de los datos del registro, que sólo podrán usarse para fines organizativos, de archivo, estadísticos o científicos, y se garantiza el cumplimiento de la normativa de protección de datos en relación con las personas inscritas en el registro.
Además, la Dirección General de Salud Pública ha puesto a disposición de los profesionales interesados un formulario para realizar la declaración de objeción de conciencia, que se encuentra disponible en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León.
