Deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura es la definición que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua da a la palabra ‘deconstruir’, que la nueva cocina ha incorporado a su léxico para explicar la concepción de sus innovadores propuestas gastronómicas. Con la misma meticulosidad de un chef, el interventor general del Ayuntamiento de Segovia Luis Miguel Palacios Albarsanz ha realizado la particular deconstrucción de la Fundación Don Juan de Borbón en la auditoría de gestión de esta entidad, cuyas conclusiones no sólo cuestionan su viabilidad, sino que ponen de manifiesto errores y carencias que le sitúan al borde de la ley en algunos casos.
Pese a ser un documento no vinculante y de carácter consultivo, el informe presentado en la reunión del patronato celebrada el pasado viernes ha sido esgrimido por parte del equipo de Gobierno municipal como banderín de enganche para poner sobre la mesa una hipotética disolución de esta institución basándose en las conclusiones y recomendaciones que realiza el interventor.
Las quince páginas del informe, al que ha tenido acceso esta redacción, pormenorizan la gestión de la Fundación no sólo en el ámbito económico, sino también organizativo y laboral, con el objetivo de verificar si ésta constituye el modo óptimo de gestión de los fondos públicos “desde el punto de vista de la financiación de sus actividades, así como de la eficancia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Así , el interventor señala que con arreglo a sus estatutos, la fundación tiene entre sus fines esenciales la promoción de actividades que “con un ámbito universal puedan mejorar y promover la imagen de Segovia en el ámbito universal”, y señala que la auditoría pone de manifiesto que lsus actividades “van más allá del término municipal de Segovia, sin que exista ningún control sobre la debida proporcionalidad entre los recursos municipales aportados y las actividades desarrolladas”.
Desproporción
Asimismo, subraya la desproporción en las aportaciones de los patronos que la integran, y precisa que el Ayuntamiento de Segovia aportó en 2019 el 90,2% de los recursos y la Diputación el 3,6%, mientras que el resto de los recursos proceden de una subvención del Instituto de Artes Escénicas (6,1%). Estas cifras aseguran que de los seis patronos que integran esta institución, cuatro no realizan ninguna aportación, por lo que “existen entidades o personas con capacidad de decisión sobre el destino de los fondos públicos municipales sin habilitación legal para ello, conculcándose de esta manera el régimen de competencias que establece la Ley de Bases de Régimen Local e indirectamente el principio constitucional de autonomía local”.
Financiación
En cuanto a la financiación, el interventor recuerda el carácter privado de las fundaciones en la medida en que su existencia “tiene como objetivo la aportación de fondos de personas y entidades privadas que deseen contribuir a un fin de interés público” por lo que en su opinión “sólo tiene sentido si es financiada con fondos privados cuyo propietario decide destinarlos a fines públicos”, y concluye en otro de sus apartados que si no se obtuviera financiación privada “sería más adecuado la gestión de las actividades directamente por el Ayuntamiento de Segovia o en su caso, mediante un consorcio entre administraciones públicas”.
Contratos
En otro de los apartados del informe, el interventor pone de manifiesto la carencia de “procedimientos normalizados” par la contratación de personal, adquisición de bienes y servicios y concesión de ayudas, y destaca que se realizan “en gran medida mediante contrataciones verbales y procedimientos informales”.
Este hecho es valorado por el informe de forma crítica, ya que en su opinión el procedimiento “no se ajusta a los principios de buena gestión económica ni a los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia que deben presidir la gestión pública”.
