En las últimas semanas la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha recibido numerosas peticiones de diversos colectivos que reclaman para sus miembros prioridad en el proceso de vacunación. Se trata de grupos de personas que llevan a cabo trabajos importantes para la comunidad, o pertenecen a colectivos sociales o asistenciales, y sin embargo unos y otros no están expresamente incluidos en alguno de los grupos definidos como preferentes en la Estrategia nacional de vacunación contra el COVID. A veces los representantes de dichas entidades manifiestan su petición de forma bien visible y notoria, incluso por los medios de comunicación, aludiendo a posibles “discriminaciones” o “tratos injustos” para los miembros del colectivo al que representan.
Dichas solicitudes revelan el alto grado de concienciación social que existe con respecto a la necesidad de la vacunación
Lejos de ver dichas peticiones como una fuente de conflictos o de críticas, tenemos que valorarlas positivamente. Manifiestan, en primer lugar, el celo y el compromiso de los representantes de dichas asociaciones y colectivos hacia las personas que forman parte de los mismos, la preocupación por su seguridad y su salud. Es un dato que la Junta de Castilla y León reconoce y celebra. Por otra parte dichas solicitudes revelan el alto grado de concienciación social que existe con respecto a la necesidad de la vacunación. Si inicialmente pudo existir algún recelo frente a este proceso, las manifestaciones de los citados colectivos dan a entender claramente que ha calado en la ciudadanía y en la sociedad civil la conveniencia y el deseo de acceder a las vacunas.
Son muchos los colectivos que se consideran prioritarios, y es comprensible, como venimos diciendo. Los datos sanitarios, sin embargo, son tercos y nos indican de modo indubitado que el principal factor de riesgo para padecer síntomas graves por Covid-19, con mucha diferencia, sigue siendo la edad, y que lamentablemente la mayor parte de los fallecimientos que todavía padecemos se da entre personas de más de 60 años. Esos efectos se agudizan aún más en los mayores de 70 años.
La referida Estrategia ha priorizado frente a cualquier otro parámetro, la edad de las personas susceptibles de vacunación
Es por ello que la referida Estrategia ha priorizado frente a cualquier otro parámetro, la edad de las personas susceptibles de vacunación. Es el objetivo en que está volcada la Junta de Castilla y León, de modo que el criterio más justo y equitativo que hoy puede adoptarse, en un escenario de recursos escasos, es la dispensación prioritaria de la vacuna a todas las personas de 60 y más años. Es también la finalidad más ‘democrática’, pues así se generaliza la vacunación entre todo tipo de colectivos, procedencias sociales o territoriales, extendiéndose a todas las personas por igual, con especial y única preferencia hacia quienes todavía siguen siendo las primeras víctimas del Covid-19.
Ese es y debe ser nuestro compromiso.
(*) Delegado Territorial.
