El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, presentó ayer un recurso de reforma ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena (el primero que realiza tras permitirse su personación en la causa del ‘procés’) en el que pide que revoque el auto por el que el pasado 23 de marzo fue procesado por rebelión y malversación de fondos públicos y que se anulen todas las actuaciones contra él por no haberse poder defendido de ellas hasta este momento. Niega igualmente que se haya dado el requisito de violencia que se precisa para estimar el delito principal que se le imputa.
En su escrito, en el que se representa de forma conjunta a Puigdemont y a los exmiembros del Govern igualmente huidos Clara Ponsatí y Lluís Puig (a éste último no se le atribuye rebelión sino desobediencia, que también rechaza), la defensa ejercida por el abogado Jaume Alonso Cuevillas argumenta a lo largo de 85 páginas la inexistencia de rebelión y malversación y denuncia que por el contrario sus clientes han sufrido varias violaciones de procedimiento, entre ellas que no se le haya permitido defenderse hasta dictarse el auto de procesamiento, lo que considera contrario al derecho europeo e internacional.
Además, pide que se anule toda la causa por varias razones, como la falta de competencia del Tribunal Supremo para entender de este asunto que a su juicio debería haberse sustanciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Por otro lado, la defensa de los exmandatarios anuncia que presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare si la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)española es compatible con la normativa europea. Se refiere concretamente al hecho de que sus clientes hayan sido privados del derecho de defensa hasta que no han sido procesados y puestos a disposición de la justicia española en virtud de una Orden de Detención Europea (OEDE), y ello pese a hallarse a disposición de los tribunales españoles (en alusión a la situación en Bélgica).
LOS 2,1 MILLONES DE FIANZA
Subsidiariamente a lo anterior, el aboga sin efecto la fianza de 2.1 millones de euros fijada en el auto de procesamiento para los miembros del exGovern de Puigdemont al no existir constancia alguna de que se haya malversado o destinado ninguna cantidad y existir por el contrario constancia documental de que no se dispuso de cantidad pública ninguna para sufragar el referéndum de autodeterminación celebrado en fecha 1 de octubre de 2017.
Sobre la inexistencia de violencia, el recurso señala que ninguno de los hechos relatados en el auto de procesamiento puede considerarse como rebelión y reprocha que el juez Llarena utilice argumentos que resultan “llamativos” para justificar la existencia de este requisito. “En concreto, el auto aprecia dicha violencia, principalmente, en las manifestaciones ocurridas el día 20 de septiembre frente a la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, en los hechos ocurridos en fecha 1 de octubre, y, de manera sorprendente, en la violencia que, en efecto, no se ha producido, pero que los procesados debieron suponerse”.
Añade que la resolución recurrida llega a realizar un desafortunado símil entre las manifestaciones ocurridas en fecha 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía con un supuesto de “toma de rehenes mediante disparos al aire” y que “es evidente que, por violencia, no cabe entender unas manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causaren daños en el marco de las referidas manifestaciones que, a lo sumo, podrían ser constitutivas del tipo penal de desórdenes públicos o, acaso, resistencia a la autoridad”.
