El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, pedirá autorización judicial al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para poder asistir al pleno de investidura del Parlament convocado para mañana.
Así lo anunció ayer el diputado de JxCat en la Cámara Josep Rull en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que aseguró que Puigdemont pedirá esta autorización en las próximas horas, como le pidió el Tribunal Constitucional (TC).
El tribunal de garantías acordó el sábado que solo suspenderá el pleno de investidura del Parlament si Puigdemont está ausente y le exigió que debe acudir al pleno con autorización judicial.
En este sentido, Rull aseguró que el pleno continua vigente, aunque no ha aclarado si Puigdemont asistirá si no recibe esta autorización, y calificó la decisión del TC como una “bofetada con la mano plana en la cara de Soraya Sáenz de Santamaría”.
Asimismo, criticó que la resolución del TC está “fuera de lo que es la base de un ordenamiento jurídico previsible, sólido y homologable en términos europeos”, y que, según él, supone un nuevo paso hacia la demolición del estado de derecho en España.
Igualmente, alertó de que, a su juicio, el Gobierno ha presionado a todos los poderes para evitar la investidura de Puigdemont y, finalmente, sostuvo que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, debería dimitir inmediatamente “si tuviera una chispa de dignidad política”.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el auto del Tribunal Constitucional en respuesta a la impugnación de la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña para investir presidente autonómico a Carles Puigdemont. El documento, acordado el sábado por el pleno del organismo, acordó suspender la sesión de mañana solo si dicha investidura se pretende hacer en ausencia del candidato de la formación Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.
La publicación del auto, adoptado por unanimidad por todos los magistrados, y en ausencia de Andrés Ollero, se produce en un BOE especial ordenado por el órgano constitucional para la ocasión e implica que las medidas cautelares adoptadas en la resolución son “inmediatamente ejecutivas”.
Exigencias
El TC establece en el texto que, en primer lugar, no podrá celebrarse la investidura del candidato “a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario” y que, incluso cuando este compareciera en la cámara, mientras esté vigente una orden judicial de búsqueda y captura sobre él, “no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial”.
Además, prohíbe el voto delegado para los miembros de la Cámara sobre los que pesa igualmente una orden judicial de búsqueda y captura e ingreso en prisión.
El tribunal advierte de que cualquier “cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas” tendrá un carácter “radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno” y recuerda al presidente del Parlament y a los miembros de la Mesa su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas”.
De hecho, el tribunal de garantías también subraya que en caso de llevarse a cabo alguna acción en esta línea podrían reclamarse “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.
