El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido detenido este jueves en Cerdeña (Italia) a raíz de la orden europea de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo por un delito de sedición y que nunca ha dejado de estar vigente.
Así lo han indicado a Efe fuentes del Supremo, después de que esta tarde Puigdemont se haya desplazado desde Bruselas a la localidad de L’Alguer, en Cerdeña, donde iba a participar en un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk, junto a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y la consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Victoria Alsina.
Al llegar al aeropuerto de L’Alguer, Puigdemont ha sido «retenido por la policía fronteriza italiana» y este viernes a primera hora de la mañana «será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sassari, que es competente para decidir la puesta en libertad o su extradición», según ha explicado la oficina del expresidente de la Generalitat en un comunicado.
Puigdemont, que ha estado asistido por su abogado, Gonzalo Boye, y por un equipo de abogados italianos, viajó sin ser detenido el sábado pasado al sur de Francia, a Prats de Molló, para participar en un acto donde recibió la Medalla Carrasco i Formiguera que entrega la formación independentista Demòcrates de Catalunya.
La euroorden por la que ha sido detenido fue dictada por el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, el 14 de octubre de 2019, cuando el Supremo condenó por sedición a los líderes del proceso soberanista catalán que se pusieron a disposición de la justicia.
Ese día, Llarena reactivó las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de los huidos al extranjero y, desde entonces, no se han desactivado, aseguran las fuentes consultadas por EFE.
Todo ello a pesar de que Llarena presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si podía actuar o no contra Puigdemont una vez que las autoridades belgas rechazaron entregar al exconseller Lluís Puig.
El TJUE admitió a trámite esa cuestión el 4 de mayo, pero aún no ha resuelto, y entre tanto, el pasado 30 de julio, el Tribunal General de la UE retiró al menos provisionalmente la inmunidad a Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCat, Antoni Comín y Clara Ponsatí.
Lo que ha hecho Italia es ejecutar una orden que estaba vigente, como podía haber hecho cualquier otro país desde la retirada de la inmunidad parlamentaria.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha reaccionado en Twitter: «España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima».
«Está absolutamente tranquilo porque sabe lo que estamos haciendo, por qué fue a Italia y qué garantías le permite el derecho de la Unión», ha dicho también el abogado a TV3.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado su «más enérgica condena» por la detención de Puigdemont, mientras que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, le ha mostrado su apoyo: «Sólo hay una fórmula para parar la represión incesante del Estado: amnistía, autodeterminación e independencia».
Por su parte, dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos confían en que el expresident sea extraditado a España para ser juzgado y que no sea indultado.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que Puigdemont debe ser juzgado en España por su «golpe a la legalidad constitucional», y ha recalcado que «Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder».
Desde Vox, su líder Santiago Abascal también ha escrito en Twitter que «este golpista renegado ha hecho mucho daño a España, especialmente a Cataluña. Espero que la justicia le siente en el banquillo y condene sus crímenes antes de que el Gobierno le vuelva a poner en la calle».
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que la detención de Puigdemont es «una buena noticia para todos los demócratas» y ha añadido: «Espero que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones. Nadie debe tener impunidad ni estar por encima de la ley».
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, en cambio, ha calificado de «ilegal» la detención de Puigdemont.
