La posible aplicación de lesa humanidad a los actos cometidos por la banda terrorista ETA enfrentó ayer a la Fiscalía General del Estado con la víctima de la banda Ramona Garrido, que se reunió con el dirigente del organismo, Eduardo Torres-Dulce. Según la viuda del empresario José María Latiegui, asesinado por la banda en 1981, el magistrado se comprometió a abrir diligencias informativas previas sobre la posibilidad de aplicar a las acciones de ETA la figura de crímenes contra la humanidad, por lo que no podrían ser declarados prescritos, algo que sucedió en 2009 con el asesinato de su marido.
Sin embargo, horas más tarde, un portavoz del Ministerio Fiscal negó haber adquirido ningún compromiso con la mujer ya que, según la institución, el magistrado se limitó a escuchar las peticiones de sus interlocutores (Garrido estuvo acompañada por el experto en derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez), si bien no llegó a formalizar ninguna de las propuestas.
A pesar de ello, Torres-Dulce calificó como «novedosa» la argumentación expuesta, si bien admitió que se trata de una cuestión compleja que hay que estudiar. El letrado de Garrido facilitó al fiscal un estudio sobre los crímenes de ETA en el que se sostiene su carácter de lesa humanidad en el contexto de una persecución.
No obstante, le recordaron al magistrado que España firmó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en 1979 el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambos textos establecen la obligación de aplicar el Estatuto de Londres de la Corte Penal Internacional de Nüremberg de 1945 a los crímenes contra la humanidad. «España firmó ambos textos sin formular reserva u oposición ninguna», explicó Rodríguez, quien además se comprometió a facilitar a la Fiscalía más información sobre esta materia.
El abogado de Garrido defendió en la reunión que el marido de su clienta fue asesinado por ETA cuatro años después de la firma de esos tratados internacionales y, posteriormente, la banda mató a otras 792 víctimas además de las miles de personas aún a falta de investigar sobre las que los terroristas han desarrollado crímenes de persecución. «No puede ser que el crimen contra Latiegui sea considerado prescrito cuando se comete cuatro años después de que España firmase un tratado que define estos crímenes como imprescriptibles», subrayó.
A su salida del encuentro, ambos destacaron la «humanidad» de Torres-Dulce y el «trato cercano» prestado en la reunión.
El voto emigrante
Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció que estudiarán la posibilidad de incluir en el censo electoral a los ciudadanos vascos que hayan abandonado el País Vasco a causa del terrorismo de ETA.
Durante su intervención en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, la popular explicó que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, adscrito al Ministerio de la Presidencia, será el encargado de estudiar este asunto.
Este organismo prevé celebrar un seminario el próximo 7 de junio, bajo el título Residencia y derecho de sufragio. Análisis del caso vasco, en el que expertos y catedráticos analizarán si es posible modificar la Ley Electoral con el fin de que los vascos exiliados por la acción de la banda pueden votar en Euskadi.
Por su parte, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, subrayó que el proyecto en el que trabaja el Ejecutivo central presenta «muchas aristas desde el punto de vista jurídico y político». La representante del Gabinete de Patxi López recordó que la reforma de Ley Orgánica del Régimen Electoral no es algo «fácil». De todas formas, señaló que esto es algo que «compete» a las Cortes Generales, por lo que el Gobierno vasco no tiene «capacidad alguna» de maniobra en este ámbito.
Mientras, el PNV preguntó a la Comisión Europea si la reforma que plantea el PP cabe en «los estándares democráticos de la Unión Europea». La europarlamentaria nacionalista, Izaskun Bilbao, cree que «este intento se basa en un concepto imposible de objetivar y que dará lugar a un ciudadano con doble derecho a voto, algo inédito en el panorama judicial.
