PSOE y PP mantienen conversaciones para dar respuesta al derecho que le asiste al exconcejal socialista, ahora edil no adscrito, Javier Arranz, de participar en las Comisiones Informativas, donde se dictaminan previamente los asuntos que se someten a aprobación en los plenos. Así lo explicó ayer el portavoz municipal del PSOE, Javier Giráldez, que calificó como “atípica” la situación provocada por la decisión de Arranz de abandonar el Grupo Socialista después de que la alcaldesa, Clara Luquero, le revocara de sus funciones como concejal de Deportes.
En conferencia de prensa, convocada para explicar los asuntos que hoy debatirá el pleno, Giráldez explicó que los grupos serán informados, en sede municipal, de la decisión de Arranz, que calificó de “personal y legítima”, presentada el pasado día 22 de diciembre en la Secretaría General del Ayuntamiento.
Como se recordará, Arranz ya se ha inscrito en Podemos, aunque no participará con pleno derecho en la formación de Pablo Iglesias hasta que no abandone el acta de concejal, tras los comicios del próximo 24 de mayo. En el escrito presentado en diciembre, el concejal argumentó que deseaba abandonar el Grupo Socialista al no conocer ni el presupuesto ni los estatutos de este grupo -“No voy a poner adjetivos, solo cara de estupor”, dijo Giráldez-; al tiempo que solicitó la creación de un nuevo grupo con los mismos derechos, recursos económicos y logísticos que cualquier otro grupo, manteniendo su acta de concejal. Arranz pidió disfrutar, al menos, de los mismos derechos que el concejal de IU, Luis Peñalosa; esto es, de formar parte de los mismos órganos municipales colegiados que aquel.
La Secretaría General del Ayuntamiento emitió un informe, de 30 folios, que fue entregado a los portavoces (y también, según se presume, al propio Arranz) el pasado día 22 de enero. La primera conclusión es que la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, establece que los concejales “disidentes” de una lista electoral o grupo municipal no pueden integrarse en un grupo mixto; sino que son miembros que funcionan aisladamente con la condición de concejales no adscritos.
En cuanto a los derechos que le asisten a Arranz, el informe apunta que son “los mismos” que tienen el resto de ediles, pero sin el derecho a una dotación económica, de la que sí disfrutan los grupos políticos. “De ese modo Arranz no puede equipararse al concejal de IU”, apuntó Giráldez. Como se sabe, Luis Peñalosa, único concejal de IU, cuenta con un despacho en la Casa Consistorial y una persona ‘liberada’ (a sueldo del Ayuntamiento) que trabaja en el, al igual que el PP, que cuenta con oficina propia y una persona contratada al servicio del grupo municipal. También el grupo del PSOE tiene una persona contratada como auxiliar administrativa. Las contrataciones se realizan en función de las dotaciones económicas que reciben cada uno de los grupos municipales. “La disponibilidad de recursos solo la tienen los grupos para evitar el transfuguismo”, insistió Giráldez.
El informe de la Secretaria General confirma que a Arranz le asiste el derecho de participar en las Comisiones Informativa y en la Comisión de Cuentas, lo que no quiere decir, añadió, “que deba hacerlo automáticamente y en todas”, porque “ese derecho de igualdad (con respecto al resto de concejales) exige un estudio y un acuerdo”.
Para que Arranz participe, de forma proporcional a su grado de representatividad en el pleno, que integran 25 ediles, la Secretaría General propone ampliar en las comisiones la representación de los dos partidos mayoritarios, que pasarían de 3 a 4 representantes; a los que se añadirían Peñalosa y Arranz. Esta propuesta ha sido rechazada por el PP (que quiere aumentar a 4 representantes, sin que lo haga el PSOE).
No obstante, Giráldez indicó que en los próximos días espera que se produzca un acuerdo para determinar el número de concejales en cada una de las comisiones y Arranz “estará en todas o en parte”. A este respecto, indicó que “no está claro que Arranz deba participar en todas las comisiones, porque el informe señala que (su presencia) debe integrarse en condiciones de igualdad, pero eso no quiere decir que tiene derecho a estar presente en todas”. Giráldez se comprometió que antes del pleno de febrero el tema estará resuelto.
En todo caso, Arranz disfrutaba de un ‘sueldo’ como concejal de Deportes (35.199,18 euros), que se le retiró al ser revocado de sus funciones como edil de Deportes dentro del equipo de Gobierno. No obstante, ahora, en cada comisión que participe, como el resto de ediles no liberados, gozará de una dieta de 60 euros por asistencia, y de 150 euros por cada pleno en el que participe (uno al mes).
El edil anuncia que votará en contra de todos los dictámenes
El concejal no adscrito, Javier Arranz, anunció ayer, a través de un comunicado que hoy viernes votará en el pleno en contra, con voto nominal, de todos los acuerdos de los órganos colegiados; esto es, de todos aquellos asuntos que precisan de la aprobación de la cámara municipal y que han sido previamente dictaminados en las comisiones informativas.
Arranz razona su decisión en que se ha “infringido” el ordenamiento jurídico, puesto que las comisiones han emitido sus dictámenes “de forma ilegal”. En total, son siete puntos, entre los que se encuentra el dictamen de la Comisión de Gobierno Interior y Personal relativo a la modificación de las calles afectadas por la Ley de Memoria Histórica (con nomenclatura franquista); o el acuerdo, del mismo órgano municipal, para denominar una calle a favor del neurólogo Erik Clavería.
Arranz sostiene que “esta infracción” consiste en que todos los concejales no adscritos tienen derecho “a asistir con voz y voto a las comisiones informativas”, según la sentencia del Tribunal Constitucional, añade, del 9 de julio de 2009. Sostiene que el Alto Tribunal “acota de manera muy concreta” en esta sentencia los derechos de los concejales no adscritos “y previene ciertas consideraciones a tener en cuenta de importante calado en las corporaciones locales”.
“Al no haberme permitido ni comunicado mi derecho a asistir a ninguna de las comisiones informativas que han dictaminado los asuntos del pleno del día 30 de enero —afirma Arranz— procederé a votar en contra de los acuerdos dictaminados ilegalmente y formularé el correspondiente recurso de reposición de los mismos”.
El voto en contra y posterior impugnación no afecta a los asuntos que no han pasado por comisión, como son las mociones o la enmienda que Arranz ha presentado sobre la eliminación de nomenclatura franquista a 9 calles.
