El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma financiera que obliga a las entidades a provisionar y fijar un capital extra para afrontar el deterioro de los activos inmobiliarios, con el apoyo de 303 diputados provenientes del PP, PSOE, CiU, además de la abstención de PNV.
Tanto la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) como UPyD y algunos diputados del Grupo Mixto, hasta un total de 28, rechazaron el decreto que prevé limpiar los balances bancarios de activos ligados al ladrillo.
De los 337 diputados presentes en la Cámara Baja en el momento de la votación de la norma, solo seis se abstuvieron. Además, la Cámara Baja no aceptó que la reforma se llegue a tramitar como proyecto de ley.
Durante su defensa ante el Pleno de la Cámara Baja, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, elevó en 2.000 millones de euros, hasta 52.000 millones, las necesidades de saneamiento que en enero cifró en 50.000 millones.
Una vez aprobada la reforma financiera, el experto aclaró que esta variación se debía a que las estimaciones iniciales tenían en cuenta la situación de los balances a junio de 2011 y que, con el decreto, las necesidades se actualizan a diciembre del año pasado.
Satisfacción
El dirigente popular, además, puso el énfasis en el «amplio» consenso alcanzado, y argumentó su «satisfacción» en la imagen de cara a los mercados financieros: «La amplitud del apoyo político es una señal muy positiva».
En la reforma se incluye también la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contribuya al saneamiento de las entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles, para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo hasta los 15.000 millones.
De Guindos explicó durante su intervención que el objetivo de la reforma es garantizar un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados capitales y, por ende, más crédito para familias y pymes. «El Gobierno actúa sobre la raíz del problema», aseguró el ministro, para después defender que el saneamiento persigue entidades «solventes y viables».
Tras congratularse de la valoración de la reforma por parte del BCE, notificó una «cierta mejoría» tras la aprobación del decreto ley, y reiteró la intención del Ejecutivo central de generar un «beneficio adicional», tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con «importantes descuentos».
También se recogen nuevas regulaciones sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos de las entidades que han recibido ayuda del FROB.
Sueldos reducidos
En concreto, el Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas, y a 300.000 en las que han sido intervenidas por el Estado.
El Ejecutivo ha establecido así un techo a las remuneraciones de las financieras que han sido rescatadas por el Estado a través del FROB, organismo dependiente del Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75 por ciento, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o bien recurriendo a la fórmula del capital.
