El aumento de la incidencia de Covid-19 inquieta (y mucho) a la sociedad en general, y a los familiares de usuarios de residencias en particular: temen que la situación se repita en los centros y que, si el virus entra de nuevo en estos, sea devastador. Es por ello por lo que la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias en Castilla y León manifiesta su preocupación por la “inacción” de la Junta en la Comunidad y por que el 8% del personal de las residencias siga sin vacunar.
Hace unos días, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que, “no se puede obligar a vacunar, pero sí seguir insistiendo en la vacunación de los trabajadores y de los familiares” de los residentes. Por ello, desde la plataforma exigen al Gobierno autonómico que establezca un programa de medidas de control y prevención ante el posible aumento de casos de las próximas semanas.
Por su parte, las familias de los mayores subrayan la necesidad de seguir un plan para lograr mantener controlada la propagación del virus entre los residentes, trabajadores y visitantes, que incluya la sistemática realización de pruebas PCR, tests de antígenos y el seguimiento desde las instancias de Atención Primaria y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León y las empresas que gestionan los centros residenciales.
A su vez, la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias manifiesta su “indignación” con los mensajes que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, publicó en su red social de Twitter el pasado jueves 9 de diciembre, en los que resaltaba la “buena gestión” de su Gobierno porque la Comunidad registró menos fallecimientos por Covid que otras, a pesar de que en Castilla y León se han contabilizado más de 12.000 fallecimientos vinculados a la pandemia y que unos 4.000 de ellos ocurrieron en las residencias.
“Hoy se han publicado los datos INE con tasas de mortalidad por grupos de edad en 2020. Confirman lo que ya sabíamos. A pesar de ser una de las tres CCAA con mayores tasas de incidencia protegimos a nuestros mayores mejor que la media. Los números son así. Esta es la realidad”, escribió Igea.
Así, la plataforma denuncia que sus familiares fallecidos, “en muchos casos porque se les denegó el derecho a recibir atención sanitaria gracias a su protocolo”, eran personas con nombre y apellido, “no números”. Es por ello por lo que piden a la Junta que “asuma” responsabilidades, al tiempo que recuerdan que hace más de un año que solicitan que se facilite los datos de las personas a las que no se derivó al hospital, de aquellas a las que se derivó “cuando ya no se podía hacer nada por su vida”, así como los datos de mortalidad de las residencias privadas.
