A principios de este año tuve la ocasión de señalar, en esta misma Tribuna, que la gran paradoja de la sociedad digital en que vivimos es que nunca como hasta ahora se ha hablado tanto de nuestra privacidad y, sin embargo, nunca como hasta ahora ha estado tan amenazada.
Es por ello que, durante el último lustro, la actividad regulatoria de la Unión Europea, polo de excelencia mundial en materia de protección de datos y privacidad, ha sido de una intensidad extraordinaria, teniendo su más visible plasmación en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).
En general, un buen sistema de protección de datos personales se caracteriza por el hecho de que las organizaciones responsables del tratamiento (empresas y Administraciones Públicas) conocen muy bien sus obligaciones normativas y la ciudadanía conoce muy bien sus derechos y los medios para ejercerlos.
De tal manera, el actual modelo europeo de protección de datos centra su enfoque en el refuerzo de los derechos de las personas, así como de las obligaciones de las organizaciones en el marco de la denominada «responsabilidad proactiva». El cambio de paradigma que ha tenido lugar con la aprobación del RGPD profundiza en el empoderamiento de las personas sobre su propia información, cimentado en la transparencia de las organizaciones sobre el uso que se hace de la misma. Se pretende erradicar la asimetría, el desequilibrio de poder que genera la opacidad, el «poder ver sin ser visto» sobre el que disertaba Foucault hace ya medio siglo.
Desde esta concepción, la existencia de mecanismos efectivos de cumplimiento y el trabajo de las autoridades de control independientes, como la Agencia Española de Protección de Datos, son dos elementos muy importantes para la salvaguardia de los derechos y libertades de la ciudadanía.
De igual modo, se antoja imprescindible el asentamiento en el seno de las organizaciones de una cultura de la protección de datos y de la ciberseguridad, así como de una ética digital construida sobre los pilares de la transparencia, la responsabilidad y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas, que impregnen de manera transversal todas y cada una de sus áreas y servicios.
Son las empresas y Administraciones Públicas digitalmente responsables las que están llamadas a liderar el proceso de transformación digital sobre el que se asiente la sociedad presente y futura, y que en el caso concreto de la Administración ha de suponer un salto decisivo en la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos.
La propia Agencia Española de Protección de Datos ha subrayado que la responsabilidad digital está estrechamente vinculada con el respeto por los derechos humanos. Así, respetar la privacidad, la intimidad y la confidencialidad de los datos personales, pero también promover la toma de decisiones libre e informada y la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias para evitar las prácticas discriminatorias, los usos no deseados y encubiertos, así como posibles asimetrías y vulnerabilidades, y en especial la toma de decisiones desde la opacidad.
Segovia es la primera Diputación española en adherirse al denominado ‘Pacto Digital para la Protección de las Personas’
En este sentido, la Diputación de Segovia es una Administración modernizada a través de su digitalización e inexorablemente comprometida con sus obligaciones en materia de protección de datos personales. No en vano, una prioridad de la institución provincial es coadyuvar en la construcción de una sociedad digital para todos, más segura y saludable, basada en una ética de la privacidad y centrada en las personas. En su consecuencia, la protección de datos personales es un derecho instrumental, transversal y necesario para la prestación de todos los servicios de la Diputación de Segovia y su Organismo Autónomo Prodestur.
Por todo ello, Segovia es la primera Diputación española en adherirse al denominado ‘Pacto Digital para la Protección de las Personas’, impulsado por la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de reforzar los derechos de las personas en el entorno digital y poner en valor su privacidad.
Esperamos ser la primera de muchas otras diputaciones provinciales que nos acompañen en este ilusionante camino. No olvidemos nunca que la protección de datos personales es un derecho fundamental de la ciudadanía europea, que hemos de cuidar entre todos como el tesoro precioso que es.
(*) Técnico Jurídico Especialista en Administración Electrónica, Protección de Datos y Transparencia. Diputación de Segovia.
