El Grupo Popular en las Cortes sumó el plan de vivienda de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a la proposición no de ley presentada por Vox contra la ocupación, la cual plantea desalojos en 48 horas, así como crear una oficina en Castilla y León para recabar datos, que admitieron “no son alarmantes” en la Comunidad, pero que auguran que aumentarán por la nueva ley de vivienda que se aprueba hoy y que defendieron PSOE y Unidas Podemos, junto al impulso del parque público.
La proposición no de ley de Vox fue aprobada con los votos del PP, que enmendó el texto, y contó con la abstención de Ciudadanos, UPL y Soria YA, y el rechazo del resto de la oposición. Plantea al Gobierno reformas en el Código Penal, las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil, así como de las competencias de los ayuntamientos para agilizar los desalojos, frenar las ocupaciones e impedir empadronamientos en estas casas. Además, insta a la Junta a crear un registro y una “ventanilla” para víctimas de esta situación para que se les informe de las ayudas y servicios a los que pueden acceder.
Además, los ‘populares’ plantearon como enmienda un paquete adicional como alternativa a la nueva ley de vivienda que recoge la alternativa de Feijóo con el aval del 15 por ciento para que los jóvenes puedan completar la financiación de la hipoteca o para el alquiler, así como una ayuda de 1.000 euros para la emancipación, junto a la ampliación del Bono Alquiler Joven, entre otras medidas.
El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, denunció el “trato de favor a los ocupas” que a su juicio da la nueva ley de vivienda ya que consideró castiga a los propietarios. Se trata, a su juicio, de una idea “descabellada” de PSOE y Unidas Podemos que a su juicio recurren a una “expropiación forzosa” de la propiedad para que una “mayoría de sinvergüenzas” puedan vivir del esfuerzo de otros, llegando en algunos casos a extorsionar a los legítimos dueños.
Menéndez, que citó varios afectados de Palencia, La Cistérniga o Santovenia de Pisuerga (Valladolid), criticó la permisividad de la Administración del Estado con estas situaciones. “Solo con que hubiera un caso en Castilla y León es labor nuestra como legislatura afrontar esos problemas y plantear soluciones para todos”. Además, sostuvo que la propiedad inmobiliaria es esencial para los españoles, ya que consideró que la vivienda es su “hucha”, por lo que consideró que la protección frente a la ocupación debe garantizarse “siempre”.
La ‘popular’ Beatriz Coelho auguró un “efecto llamada” con la nueva ley de vivienda, al que unió el “efecto incentivador” del Gobierno de Sánchez, al que acusó de aumentar un 41 por ciento las ocupaciones desde su llegada a La Moncloa. No obstante, reconoció que en Castilla y León los datos “no son alarmantes”, pero señaló que la “impunidad” del Ejecutivo central hará que aumenten “pronto” las cifras.
La socialista Patricia Gómez aseguró que la iniciativa es un conglomerado de “bulos y mentiras” y consideró que “no tiene un pase” que el PP acepte esta iniciativa. “No engañen a la gente”, dijo para dar una lección jurídica sobre el allanamiento de morada y la usurpación pacífica, tras proclamar que la propiedad privada está protegida por las leyes en España y que la Fiscalía ha dado una instrucción para agilizar los desalojos. Además, defendió la nueva ley que se aprueba mañana, los fondos destinados por el Gobierno y las 183.000 viviendas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prometido.
En su respuesta, el portavoz de Vox exigió a la procuradora del PSOE que pida perdón a todas las víctimas de la ocupación. “La mayor cobardía es saber qué es lo justo y no hacerlo”.
