El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, considera que detrás de la compra por parte de Caja Madrid del City National Bank de Florida hay una «pésima gestión bancaria indiciada» que provocó pérdidas de 500 millones de euros en una operación en la que no se analizó de forma «mínimamente» solvente la viabilidad, el riesgo y el nicho del mercado.
El magistrado ha impuesto una fianza de 2,5 millones de euros al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa para eludir su ingreso en prisión provisional. El juez ha tomado esta decisión en el marco de la investigación sobre el crédito que la caja de ahorros concedió a Gerardo Díaz Ferrán por importe de 26,6 millones de euros y la compra de City National Bank de Florida iniciada en 2008.
El juez ha escuchado este jueves las explicaciones del que fuera máximo responsable de la entidad financiera por la inversión extranjera, después de haber recibido un informe del Banco de España cuestionando la viabilidad de la operación. Además, se ha celebrado una vista en la que el sindicato Manos Limpias ha solicitado prisión provisional bajo fianza de 3 millones de euros y el fiscal se ha opuesto a la fijación de esta medida cautelar.
De este modo el juez Silva examinará también a partir de ahora la responsabilidad del máximo dirigente de la caja de ahorros en la inversión extranjera.
El juez ha tomado esta decisión tras recibir un informe del Banco de España «sucinto» pero «sumamente esclarecedor» del contexto y del alcance de la citada adquisición. Los inspectores creen que la compra se instrumentó de forma que pudiera «eludirse el preceptivo control de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid».
La Caja adquirió en abril de 2008 el 83% del que fuera el sexto mayor banco privado del estado de Florida por un importe de 927 millones de dólares. La caja madrileña se hizo con la totalidad de la entidad estadounidense en 2010 aportando otros 190 millones de dólares.
En el informe, fechado el 19 de abril de 2010, el supervisor también advierte de que el precio de compra «excedía» del abonado por el Banco Popular y el Banco Sabadell en las operaciones que llevaron a cabo con otras entidades domiciliadas en Miami.
Ante tales evidencias, el Banco de España determinó que el ritmo de crecimiento propuesto en su día por Caja Madrid para los ejercicios 2009 a 2014 estaba «seriamente desorientada» e ignoraba «manifiestamente la atonía económica imperante».
El auto también advierte de que los indicios sobre un presunto delito de administración desleal «engarzan poderosamente con extremos tales como la ausencia de un análisis mínimamente solvente de viabilidad y de riesgo asumible, el estudio abiertamente insuficiente del nicho de mercado, el pago de un sobreprecio y la ausencia de sometimiento a los controles administrativos preceptivos».
