Los grupos del PP y del PSOE en las Cortes de Castilla y León mantienen las diferencias, después de varias reuniones, sobre el contenido del proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria para la presentación conjunta de enmiendas, mientras que el Grupo Mixto ha anunciado una enmienda a la totalidad de esta norma que pretende evitar el crecimiento del gasto público por encima de lo disponible y cumplir con la consolidación fiscal.
El proyecto de ley permanece en lista de espera desde diciembre porque los grupos acordaron retrasar la tramitación hasta que se aprobara la normativa nacional, pero una vez que ésta ha entrado en vigor se ha marcado el 7 de junio para la presentación de las enmiendas, tras varias prórrogas. En este periodo, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se reunió con los portavoces de los tres grupos con el objetivo de invitar al máximo consenso en las Cortes.
El guante lo recogió por el Grupo Popular, que convocó al resto de fuerzas parlamentarias para hablar de propuestas para «retocar» la ley autonómica y adaptarla a la estatal. El portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, anuncia «unas cuantas enmiendas» y valora que se ha trabajado bien y en un ambiente cordial, si bien reconoce la limitación para el acuerdo porque el Grupo Socialista parte del rechazo a la norma nacional e IU no apoya la reforma de la Constitución para la estabilidad y el compromiso de déficit.
En «absoluto desacuerdo» con la ley autonómica, igual que con la estatal, se muestra el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), quien califica de «aberrante» que el superávit se destine a la amortización de deuda en vez de a inversiones. Su posición «claramente en contra» se formalizará como enmienda a la totalidad.
Muy crítico se muestra el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, José Francisco Martín, quien estima que la ley no es necesaria porque la estatal es de obligado cumplimiento, incluso en la forma de calcular el techo de gasto antes de presentar los presupuestos. «La posición la conoce todo el mundo», afirmó, en referencia a que su grupo votó en contra en el Congreso por entender que el Gobierno no respetó el acuerdo con Rodríguez Zapatero cuando se reformó la Constitución.
Aunque no prevé una enmienda a la totalidad y sí algunas parciales, el socialista aboga por una mayor transparencia en planes, seguimiento, compromisos y obligaciones y un «papel más activo» de las Cortes para establecer el techo de gasto. Martín califica incluso de «tontería» esta ley, estima que la Junta debería haberla retirado.
Sin embargo, el PSOE parece desmarcarse de la proposición no de ley que aprobaron con el PP en la que instaron a la Junta a reforzar el principio de estabilidad en la ley, comprometida por el presidente así como a la implicación de todos los entes del sector público autonómico. La posición de los socialistas en el Congreso, tiene reflejo en las Cortes de Castilla y León.
Entre los «retoques» que introducirá está la fecha en la que las Cortes deben aprobar el techo de gasto. La ley autonómica señala en septiembre, antes de que los presupuestos lleguen el 14 de octubre a la Cámara, pero la norma estatal impone que se envíe al Ministerio de Hacienda antes del 1 de agosto. Además, se revisará cómo se calcula el límite de gasto, ya que la ley autonómica referencia a una tasa de crecimiento de nueve años, si bien la norma nacional dice que será el Ministerio quien la fije.
Otro aspecto es el régimen sancionador, ya que el Gobierno prevé multar a las autonomías que incumplan con el déficit. Su traslado al ámbito autonómico supondrá que a los entes públicos (consorcios, sociedades, universidades) que se desvíen en el cumplimiento se les imputará la parte en que se han pasado. Otra novedad estatal está en el tope de deuda que permite a las autonomías, el 10% del PIB en 2020, que a Castilla y León la llevará a reducir un 0,3% y 170 millones.
