El PP y Cs arremetieron ayer contra el Gobierno de Pedro Sánchez por anunciar, a menos de dos meses de las elecciones generales, que ultima una solución para abonar a las comunidades las entregas a cuenta pendientes pese a encontrarse en funciones.
Mientras desde esos partidos se acusa al Ejecutivo de electoralista, éste puede argumentar que a estas alturas del año, y con las elecciones previstas para el 10 de noviembre, los pagos en ningún caso afectarán al próximo Gobierno, ya que éste no se constituirá hasta ya comenzado 2020.
Ése fue el argumento de la Abogacía del Estado para rechazar en agosto pasado la ejecución de los citados pagos por parte de un Gobierno en funciones.
Fuentes de Hacienda aseguraron ayer que sus responsables siguen trabajando intensamente para encontrar una solución que permita abonar a las comunidades las cantidades pendientes y confían en encontrarla cuanto antes.
El diario El País apunta incluso que antes de que acabe septiembre el Gobierno desbloqueará 4.500 millones de euros, aunque desde Hacienda únicamente se señalan que trabajan para encontrar una solución “lo antes posible”.
El jueves, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, dijo que ya “casi” hay lista una solución, aunque no concretó detalles ni plazos.
Desde Logroño, el presidente del PP, Pablo Casado, acusó ayer al Gobierno de instrumentalizar las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña, y recordó que “hace cuatro días” el pago era “imposible”.
Igualmente, el secretario de Política Autonómica de Cs y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, acusó a Sánchez de “reírse” de las comunidades y actuar de manera “irresponsable” y electoralista.
En el ámbito autonómico, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció que “primero asfixian, luego chantajean y ahora, que vienen elecciones, nos dan limosna”.
Desde Barcelona, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, considera electoralista y una “vergüenza” que Hacienda haya encontrado “milagrosamente” un “resquicio” legal para realizar los pagos justo “cuando empieza la campaña electoral”.
Uso institucional
Entre otros barones populares, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también tildó de electoralista la iniciativa y aseguró que Sánchez ha “mentido” al decir hace unos meses que estos pagos eran imposibles.
Ante estas críticas de la oposición, desde el Gobierno no ha habido un pronunciamiento oficial, aunque la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que el Gobierno no utiliza las instituciones, sino que trabaja para resolver los problemas de todas las personas y generar oportunidades.
Desde Galicia, el secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, defendió que es “evidente” que el Gobierno “cumple aquello que dice” y acusa a Feijóo de ser él quien ha buscado “réditos electorales” con la reclamación de un dinero que estaba “garantizado y comprometido”.
De otro lado, el vicepresidente socialista de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ve como una “buena noticia” que el Gobierno “haya encontrado una solución que lleve al desbloqueo, antes de fin de mes, de los 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta correspondientes a la financiación autonómica”, ya que su retención suponía “un riesgo para el mantenimiento de los servicios públicos”.
