El Grupo Popular en el Senado registró un total de 48 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, de las que 19 son del PP y de ellas tres afectan a partidas dirigidas al País Vasco comprometidas con el PNV por un montante total de unos 35 millones de euros.
En concreto, el Grupo Popular en el Senado registró 48 enmiendas parciales al proyecto presupuestario, si bien 29 pertenecen al Partido Aragonés (PAR) y las 19 restantes al PP. De estas, solo tres contemplan modificaciones en las dotaciones económicas y suponen la baja de partidas dirigidas inicialmente al País Vasco.
El senador vasco Iñaki Oyarzabal destacó en un tuit que con las enmiendas presentadas por los ‘populares’ se mantienen todas las inversiones “buenas” para Euskadi, pero se modifican solo las que eran “buenas” para el PNV, tras el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.
La enmienda que recoge la mayor partida supone la baja de 26,6 millones asociados al Servicio Vasco de Empleo, que iban dirigidos a financiar, mediante convenios con comunidades autónomas, programas para mejorar el transporte público en zonas despobladas para evitar brechas con el medio urbano y favorecer el acceso a servicios.
En materia de desarrollo rural, propone mejorar en 5,5 millones la dotación del ‘Plan 300×100’, dedicado a financiar la extensión de redes de banda ancha de última generación al 100% de los núcleos de población, ampliándolo también a los polígonos industriales situados en zonas con escasa población o baja densidad de población. Esos 5,5 millones se sacan del Cidetec, para equipamiento de investigación y testeo de electromovilidad y almacenamiento eléctrico, acordado entre el Gobierno de Rajoy y los nacionalistas vascos en el Congreso.
Igualmente, el PP incorporó una enmienda con exenciones fiscales que incluye la exención del impuesto especial sobre la electricidad a los riegos agrícolas, hasta ahora acogidos a una reducción del 85%, para favorecer la competitividad del sector y la mejora de la renta agraria. Para financiarlo se recoge una baja de gasto de 3 millones de euros en las transferencias pactadas con el PNV para el centro de investigación Biscay Marine Energy Platform (Bimep).
A su vez, otra enmienda sin dotación contempla la supresión de la figura del gestor de cargas, y la previsión de que cualquier consumidor pueda prestar este servicio, con lo que se facilita la utilización de energía eléctrica en buques y aeronaves estacionadas, sustituyendo la utilización de combustibles líquidos hidrocarburos por energía eléctrica, y la utilización de energía eléctrica en ferrocarriles.
También registró otra disposición que recoge una serie de medidas para impulsar la tramitación de las normativas relativas a la estrategia Europa 2020, como la designación de una autoridad competente para una ventanilla única que integre los trámites y procedimientos bajo un solo expediente y con la consideración de estos proyectos como de interés público “de primer orden y superior”.
La aplicación de esta disposición exige la transferencia de los fondos del sistema eléctrico hacia los recursos presupuestarios con la finalidad de financiar los procedimientos de ayuda a convocar por el Ministerio de Energía.
