El PP apuesta por incentivar la actividad económica a través de la mejora de la financiación de las pymes y avanzar hacia un sistema tributario “justo y progresivo”. El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha presentado dos proposiciones de ley para financiar a las pequeñas y medianas empresas y otra sobre deducciones para las familias en el tramo autonómico por la adquisición de vehículos eléctricos.
Los procuradores populares por Segovia: Juan José Sanz Vitorio, José María Bravo y María Ángeles García explicaron en rueda de prensa las iniciativas que se debatirán en el pleno regional y recordaron el éxito de la Lanzadera Financiera desde enero de 2016, “lo que ha supuesto más de 9.900 solicitudes, con más de 2.200 millones de financiación solicitada y una inversión inducida de más de 4.000 millones. Esto afectaría a un montante de empleo actual y previsto de más de 170.000 puestos de trabajo”. En el caso de Segovia, según señaló Sanz Vitorio, se han registrado 641 solicitudes por un importe de 137 millones de euros y una inversión inducida de 260, lo cual repercutirá en 12.133 puestos de trabajo.
Esta proposición de ley se enmarca en el marco del Plan de Crecimiento innovador para Pymes y empresas de mediana capitalización, con el objetivo de que ganen dimensión a través de la innovación, mejorando así su competitividad, y favoreciendo el crecimiento a través de la incorporación de estrategias de internacionalización. El éxito de este plan ha hecho que sea necesario incrementar los recursos en 30 millones de euros, según apuntó el procurador. La materialización será a través de un préstamo suscrito entre el Instituto para la Competitividad Empresarial y el Banco Europeo de Inversiones, canalizándose a través de la sociedad Sodical. “Con los 75 millones de euros consumidos se ha alcanzado una inversión inducida de 260 millones de euros y un empleo generado o mantenido de 7.400 puestos de trabajo”, añadió.
La segunda proposición de ley de los populares aboga por un sistema tributario “favorable a las familias, impulsando y consolidando beneficios fiscales, radicalmente contrarios al propuesto por la izquierda de la Comunidad y del Gobierno de España, que pretenden convertir esta comunidad y este país en un infierno fiscal”.
Juan José Sanz Vitorio explicó que esta medida establece una deducción autonómica en su tramo del IRPF, que consiste en “la deducción del 15 por ciento de las cantidades que destine el contribuyente a la adquisición de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable con autonomía en modo eléctrico de más de 40 kilómetros, con un límite de 4.000 euros en el importe de la deducción y siempre que no afecte a actividades profesionales”. El procurador destacó que en 2016 se vendieron en Castilla y León 79 vehículos eléctricos, y en 2017, 163, lo que refleja que se va incrementando.
Los populares subrayaron que esta nueva deducción se suma a las 51 existentes en Castilla y León. “Está en consonancia con la decisión del Consejo Europeo de 2014 que aprobó para 2030 el objetivo de reducir el 40 por ciento de los gases efecto invernadero. Es una medida eficaz y razonable, que contrasta con una iniciativa irracional, alejada de sentido común como la que pretende el Gobierno de España, tratando de acabar con los combustibles fósiles a partir de 2040, que comprometería la actividad que genera el 25 por ciento del PIB industrial de Castilla y León, poniendo en riesgo más de 50.000 empleos de nuestra Comunidad”, concluyó Sanz Vitorio.
