El portavoz municipal del PP, Jesús Postigo, atribuyó la «complicada situación» de la estación municipal de autobuses al «autoritarismo» y «la ausencia de diálogo», con usuarios y vecinos, del Gobierno Arahuetes, que ha provocado sentencias judiciales contrarias a los planes del Ayuntamiento para la infraestructura.
El líder del PP se refería a los sucesivos fallos judiciales, el último dictado por el Tribunal Supremo, que impidieron a la concesionaria, la empresa CARSA, cobrar tasas a las empresas de transporte que usan la terminal, lo que ha derivado en un desequilibrio económico, cifrado en 198.000 euros, que el Ayuntamiento compensará ampliando el contrato de concesión del parking de Ezequiel González. También a las sentencias judiciales, derivadas del conflicto con los vecinos del bloque que se asienta sobre la estación, que han ordenado el derribo de la marquesina anclada al inmueble.
«Las cosas las han hecho con autoritarismo, poco diálogo, tanto con sus usuarios, las empresas de transporte, como con los vecinos, lo han hecho todo por el artículo 33 y en España, la justicia puede llegar a ser lenta, pero es inflexible», aseguró Postigo.
Postigo se refirió a la nueva situación que, en menos de un mes, se producirá en la estación de autobuses y que ayer desveló este diario. El Ayuntamiento recuperará la gestión directa de los locales y la campa de la estación de autobuses el próximo 19 de marzo; mientras que el aparcamiento sobre el que se asienta la terminal continuará bajo la explotación de la iniciativa privada durante seis años más. El Ayuntamiento volverá a ser responsable directo de la limpieza, seguridad y funcionamiento de la estación, así como de gestionar el alquiler de los 19 locales que existen en el interior de la terminal. Solo dos locales comerciales están hoy ocupados, además de las taquillas de las empresas de autobuses y la cafetería.
La gestión directa de la estación regresará al Ayuntamiento al cumplirse la fecha de finalización del contrato que el consistorio suscribió a finales de 2005 con la Compañía de Aparcamiento Regulado S.A. (CARSA) y que ha estado vigente en los últimos siete años.
El Gobierno municipal ha optado por asumir directamente la gestión tras el fracaso económico que supuso ‘privatizar’ la estación, y que, en síntesis, obedece a la imposibilidad que ha tenido CARSA de cobrar las tasas, que aprobó el Ayuntamiento, a las empresas de transporte regular por el uso de la terminal, dado que ésta no tenía la categoría legal de estación, sino de simple apeadero. Así lo declaró el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en dos sentencias, en noviembre de 2008 y en marzo de 2011, en respuesta a la demanda presentada por las empresas La Sepulvedana, Autocares Garrido, Galo Álvarez y Autobuses Bermejo.
Postigo aseguró ayer que el Gobierno municipal aprobó «un mal pliego», puesto que «legalmente no es estación de autobuses y debía saber que no podía cobrar las tasas» a las empresas de transporte.
«Antes de sacar el pliego, tendría que haber tenido la certeza de que podía cobrar esas tasas», en las que basaba buena parte de sus ingresos la empresa CARSA. La negativa de las empresas a pagar las tasas hizo que CARSA solo abonara durante tres años el canon anual al Ayuntamiento (139.347 euros anuales), por lo que ha dejado de ingresar durante los siete años alrededor de 557.388 euros. Preguntado sobre el hecho de que el PP apoyó en 2005 la aprobación del pliego, Postigo indicó que «es un mal pliego, lo apruebe quien lo apruebe».
El portavoz popular también criticó lo que considera «improvisación» del Gobierno Arahuetes. «CARSA ya está comunicando a las empresas que ocupan los locales que tendrán que abandonarlos en un mes, la improvisación es tremenda», dijo Postigo, que se declaró partidario de volver a ‘privatizar’ la gestión de la estación de autobuses «aunque con otro pliego más ajustado a la realidad».
