El mundo al revés. Mientras los dirigentes políticos responsables del proceso sedicioso que tuvo lugar en Cataluña el 1 de Octubre de 2017 han sido indultados, resulta que un juez de Barcelona ha procesado a 45 agentes de la Policía por las cargas que llevaron a cabo al tratar de impedir la celebración de aquél referéndum ilegal.
Es imposible sustraerse a la solidaridad con estos servidores públicos que, en boca de algunos de los sindicatos del Cuerpo, trasladan a la opinión pública una consideración que mueve a reflexionar seriamente acerca de lo ocurrido hace cinco años en Cataluña durante la intentona golpista. “Los responsables del 1 de Octubre indultados y los que garantizamos el orden procesados”, denuncia con amargura uno de los sindicatos. Una queja cargada de razón. El juez que ha instruido la causa señala que “hubo actuaciones desproporcionadas” e “innecesarias” tales como “puñetazos, patadas o golpes con porras” en el transcurso de los disturbios que provocaron la colocación en colegios e institutos de las urnas para llevar a cabo una consulta que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.
Los policías procesados por los disturbios del “procés” se sienten desamparados. Lamentan que no les defienda el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y recuerdan que están procesados por “hacer su trabajo” impidiendo la celebración del referéndum. Es un reproche que podríamos compartir todos los ciudadanos que en los días convulsos del otoño del 2017 en Cataluña, asistimos a un proceso de insurrección que cursó de manera violenta provocando en rosario de algaradas y actos de enfrentamiento entre los manifestantes y los agentes de la Policía Nacional. En no pocos casos ante la ladina pasividad de sus compañeros de los Mossos d’Esquadra.
Uno de los portavoces sindicales ha recordado un hecho irrefutable: los policías actuaron en cumplimiento de las órdenes recibidas para garantizar el orden y la legalidad democrática alterada por los radicales independentistas. Llegado el momento del juicio veremos sí no habrá también que hablar de la injusticia que supondría que los alborotadores fuesen considerados como víctimas y pasasen a ser acusados los policías a quienes se les encomendó garantizar el cumplimiento de la ley. Hasta la fecha el ministro del Interior ha guardado silencio sobre este deplorable asunto. Un silencio que tiene explicación. Penosa explicación. Forma parte de un Gobierno que ha reformado el Código Penal suprimiendo el delito de sedición y rebajando las penas a los delitos de malversación por los que habían sido condenados algunos de los dirigentes políticos responsables del “procés” que son aliados parlamentarios de Pedro Sánchez. Ya digo, el mundo al revés. Los policías en el banquillo y los golpistas indultados.
