El Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes regionales pidió a la Junta de Castilla y León que inste al Gobierno a auditar y hacer públicas todas las ayudas públicas recibidas por las compañías eléctricas referentes a los pagos por capacidad y mecanismos de garantía de suministro.
La iniciativa, que defenderá mañana Ricardo López Prieto en la Comisión de Economía de las Cortes, solicita además que se audite y se hagan públicas todas las ayudas públicas recibidas por las empresas mineras en los planes del carbón para la ordenación de la minería para mantener una determinada producción de carbón autóctono como garantía de reserva estratégica.
Podemos, a través de un comunicado remitido a los medios, recuerda que mientras la producción de carbón en España ha caído un 83,3 % entre los años 2000 y 2014, no ha parado de aumentar la compra de este mineral del exterior por parte de las compañías eléctricas. En el año 2014 la importación de carbón cuadruplicó la producción de mineral nacional.
Sin embargo, a lo largo de estos años, las empresas eléctricas han recibido numerosas ayudas públicas con el argumento, en primer lugar, de la necesidad de contar con el carbón como una fuente combustible fiable para evitar los problemas de seguridad de suministro eléctrico. Y, en segundo lugar, para mantener el empleo en las cuencas de nuestro país.
Por el contrario, la formación morada critica que el número de empleos en el sector de la minería de carbón ha sufrido una disminución significativa y constante durante las últimas tres décadas, pasando de cerca de 45.000 personas a finales de los 80, 18.500 a comienzos de siglo y apenas 3.126 empleos propios, más 1.092 en empresas auxiliares a finales de 2014.
Ante la necesidad de mantener una determinada producción de carbón autóctono como garantía de reserva, se reconoció la necesidad de estabilizar el sector en su condición de recurso estratégico para el abastecimiento energético, modulando el empleo en función de las necesidades de producción organizando la aplicación de las ayudas en base al Reglamento 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002.
Sin embargo, en el último Plan del Carbón las ayudas autorizadas por la Comisión Europea están destinadas a paliar las consecuencias económicas y sociales de su cierre.
