La corporación municipal celebra mañana el pleno correspondiente al mes de septiembre, retrasado una semana, con un orden del día sin asuntos relevantes más allá de las consabidas Ordenanzas Fiscales para 2019.
Las tasas e impuestos para el próximo año se mantendrán tal y como están en este ejercicio, recordó hoy José Bayón, concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno —hasta mañana, cuando renunciará a su acta de concejal para incorporarse como gerente a la Empresa Nacional de Innovación, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo—.
El único cambio se verá en las licencias ambientales para aquellas actividades que estén por encima de los 500 metros cuadrados. “La licencia urbanística se adaptará para hacerla más progresiva”, dijo Bayón, tanto en el caso de primer uso como en el de cambio de titularidad. Pero el resto de los precios públicos e impuestos seguirán igual, porque “creemos que este año no procede bajar los impuestos para mantener los servicios” que ofrece la ciudad.
Bayón: “Creemos que este año no procede bajar los impuestos para mantener los servicios”
En este sentido, no dudó en calificar de “pura demagogia” la propuesta realizada por el Grupo Municipal Popular, que se basaba en bajar el IBI, rebajar la factura del agua a las familias y la de la basura a los hosteleros con menos capacidad y reducir el ICIO, además de ofrecer determinadas bonificaciones por la domiciliación de los recibos.
Y es que, argumentó Bayón, “no se ha presentado en tiempo y forma”, ya que, además de hacerlo apenas unos días antes de ir a pleno, el GMP no adjuntaba un estudio económico de lo que supondrían estos cambios, algo indispensable a la hora de preparar las Ordenanzas Fiscales, según el concejal de Hacienda, ya que hay que tener en cuenta no solo lo que se va a recaudar, sino el coste de los servicios públicos y de las inversiones que hay que realizar.
En otro orden de cosas, destacó Bayón que en el pleno de mañana se aprobarán tres nuevos convenios para seguir avanzando en la aprobación del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS), dos relativos a la avenida de Vía Roma y el tercero, a la gasolinera de Padre Claret.
MOCIONES Y CESE Los grupos elevarán al pleno siete mociones y, en principio, la mayoría serán apoyadas por el equipo de Gobierno socialista, ya que consisten en estudios para mejorar diferentes aspectos de la ciudad, como el remonte mecánico entre San Millán y el Paseo del Salón o la instalación de luminarias en diversos paseos del entorno. Sin embargo, remarcó Bayón, se aprobarán los estudios, pero su ejecución dependerá de los costes y de cómo se puedan encajar en los presupuestos.
El último punto del pleno será la renuncia al cargo de concejal del propio Bayón.
Guerra política por el Teatro Cervantes
Ciudadanos elevará al pleno de mañana una moción en la que solicita al Ayuntamiento que inste al Gobierno de España a ejecutar el millón de euros recogido en los Presupuestos Generales del Estado para el Teatro Cervantes, moción que, según confirmó esta mañana la alcaldesa, Clara Luquero, “vamos a apoyar, por supuesto”.
Lo que sí sorprendió a la regidora es que desde la oposición, el Partido Popular acuse al Gobierno socialista de Pedro Sánchez de la paralización de este proyecto, “porque para decir eso hace falta tener una desfachatez de la que no es medible, es decir, no hay metro para medir eso, porque ellos lo han paralizado durante siete años”.
Y es que, lamentó Luquero, “el Gobierno del Partido Popular paralizó el proyecto del Teatro Cervantes durante siete años, y durante este tiempo ha habido cambios normativos, en accesibilidad y demás; y por lo que yo sé, ahora mismo el Ministerio está trabajando en la modificación del proyecto y además, en un contrato menor con los redactores del mismo, porque ya no hay relación contractual entre los arquitectos que redactaron el proyecto y el Ministerio”.
Pero, añadió, “yo tuve una reunión con el secretario general de Infraestructuras y me manifestó la mejor disposición del Ministerio; y que la ejecución del proyecto se va a ir al final no a 8 sino en torno a los 9 millones de euros, y están en esa dinámica, pero evidentemente hay que adaptar a la normativa que se ha producido en estos siete años el proyecto”.
