Para proceder a un análisis sereno y riguroso, hay que poner las cosas en su sitio: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no ha emitido una sentencia; ni aunque la hubiera dictado crea jurisprudencia. Lo que ha hecho el Tribunal mediante una resolución producto de un recurso de las asociaciones de hosteleros es suspender de forma cautelar un decreto del lehendakari Urkullu —autoridad delegada en el País Vasco— por el que se permitía el cierre total de establecimientos al concurrir determinadas condiciones (por ejemplo, en municipios de más de 5.000 habitantes, cuando la tasa de incidencia a 14 días superase los 500 casos por cada 100.000 habitantes).
Pero aunque sea un caso particular del País Vasco y se trate de una mera suspensión cautelar de una norma, la cuestión tiene su trascendencia. Primero, porque ya no estamos hablando de asuntos en los que no queda clara la competencia autonómica (véase el caso que ahora está en el Supremo referente al toque de queda en Castilla y León): en la regulación de los cierres hosteleros es diáfana la competencia de la autoridad delegada; o sea, que no se va a la forma, sino que empieza a prejuzgarse —empieza, recuerdo que es una suspensión cautelar— la cuestión de fondo.
Que no es otra que 1.- La vinculación o no entre la hostelería y la transmisión del virus; 2.- La presencia de otro interés tan importante como la salud, cual es la economía; 3.- El rechazo a medidas contundentes, como el cierre total de bares y restaurantes.
«Las indemnizaciones por los daños […] pueden ser cuantiosas»
Pues bien: atentos a las palabras de la resolución judicial: 1.- “No aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”. 2.- La actividad hostelera, por lo tanto, “no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”. 3.- “Es notorio y resulta muy difícil la reparación ante la realidad del cierre definitivo de un número no desdeñable de negocios, de forma tal que una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual”. Tela.
De mantenerse este criterio de los jueces vascos, el roto para las arcas públicas en un futuro va a ser bestial. Les van a llover reclamaciones a las distintas administraciones por el lucro cesante de hosteleros y de otros sectores. Las indemnizaciones por los daños producidos debido al comportamiento normal o anormal de la administración pueden ser cuantiosas. Habrá luego que cuantificar los daños y establecer el nexo causal, pero para eso están los peritos y los abogados. La puerta que se ha abierto puede ser de proporciones gigantescas. Recuerden los problemas de la banca con los índices de referencia hipotecarios y con las cláusulas suelo. Siempre hemos mantenido que hay que intentar equilibrar las medidas sanitarias con las económicas, y para eso hay que poseer criterios políticos no exclusivamente médicos. Por cierto, España es de los pocos países que no ha previsto ayudas directas ante los estragos económicos de la crisis. Tendrá que ir preparándose. Pero por otra vía: la judicial.
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