Recientemente se ha publicado el Plan de Control Tributario 2024 y que pone su énfasis en el control de grandes patrimonios y en poner coto a las falsas residencias fiscales en el extranjero o en aquellas en Comunidades Autónomas con menor presión fiscal. El acento real no obstante se pondrá en el cumplimiento de los nuevos impuestos como el Impuesto a las Grandes Fortunas, los impuestos a la Banca y a las empresas energéticas, la Tasa Tobin a las transacciones financieras, y la Tasa Google a los negocios digitales. También se reforzará el control de las ganancias patrimoniales con criptomonedas, los inmuebles en alquiler, las rentas obtenidas en el extranjero y las ventas de productos a través de plataformas de comercio electrónico.
Sin embargo, la realidad es que se ha mantenido los niveles de fraude fiscal en España en estos últimos años, la evasión de impuestos y el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Según la Agencia Tributaria de España, el fraude fiscal representa una pérdida de ingresos de alrededor del 2,2%-2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, esto es 36.500 millones de euros anuales. Esto significa que miles de millones de euros se pierden cada año debido a la evasión de impuestos. Las razones son múltiples: la complejidad del sistema tributario, el aumento de la presión fiscal y la tradicional tolerancia de la sociedad española hacia el incumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que unas medidas eficaces de lucha contra el fraude fiscal serían el aumento de la transparencia en la gestión gasto público, la ejemplaridad de las Administraciones Públicas en la ejecución de sus presupuestos y la simplificación del sistema fiscal español.
Un ejemplo es el fraude del diesel. El Ministerio de Hacienda reconoce que durante los años 2023 y 2024 el fraude organizado en la comercialización de hidrocarburos ha sido el más activo con una facturación de 26.000 millones de euros en esos dos años por operadores irregulares y un fraude de 700 millones de euros por IVA, otro tanto en el Impuesto sobre Hidrocarburos. El fraude consiste en extraer el carburante de un depósito fiscal sin pagar el IVA y posteriormente dejar de ingresarlo cuando se realizan las posteriores operaciones de venta y a precios más ventajosos. Ahora se propone que antes de poder extraer carburantes del depósito se ha de avalar el pago del IVA y también se propone la prohibición de la venta entre distribuidores para evitar prácticas fraudulentas. Por tanto, las gasolineras y consumidores profesionales (transportistas, agricultores, etc.) han de dudar de las ofertas de gasoil a precio reducido. Recordemos que la Administración puede declarar a un empresario responsable solidario del pago de la deuda tributaria por IVA de un proveedor de carburante, cuando aquel adquirente haya colaborado en la elusión de la correcta repercusión de ese impuesto. Igualmente, se podrá declarar responsable subsidiario al comprador y correspondiente al pago de la deuda por IVA del vendedor del carburante, cuando aquél sea consciente de que el IVA devengado no va ser ingresado, dado que conoce que el precio es inferior al precio normal del carburante o al fijado en anteriores adquisiciones. En resumen, es necesario un marco normativo claro y específico para el sector de los carburantes que evite el fraude en la imposición indirecta.
