El Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS) blinda el uso sanitario del Hospital Policlínico San Agustín (antiguo ‘18 de Julio’), un edificio hoy desocupado en pleno centro histórico de la ciudad. La Plataforma en defensa de este centro sanitario ha recibido la resolución sobre la alegación que había presentado en nombre de los colectivos que la integran, donde se admite su reclamación.
La coordinadora y la secretaria de la plataforma, Ana María Herrero García y María Fuencisla Bertrán de Lis Gordillo, muestran su satisfacción porque el Ayuntamiento haya decidido dejar este espacio para “usos sanitarios y hospitalarios”, calificación que, por otra parte, tenía en el Plan General de Ordenación Urbana de 1984, vigente todavía en la actualidad.
“Es importante destacar que se ha tomado esta decisión por unanimidad de todos los concejales en las mesas sectoriales, aunque luego Izquierda Unida no suscribió el conjunto del Plan porque se opone a la posibilidad de construir un aparcamiento en el paseo del Salón”, señala la plataforma.
Recuerda que en los últimos años las propuestas de los redactores del PEAHIS siempre iban encaminadas a flexibilizar la calificación del inmueble y añaden que es entendible que en los grupos de trabajo del Ayuntamiento hayan surgido dudas sobre los usos futuros “ya que el edificio incomprensiblemente lleva años cerrado y podía tener cierta lógica abrir la posibilidad de otros usos”.
Sin embargo, el trabajo de esta Plataforma de Defensa del Policlínico “con datos y estadísticas en la mano, y con la evidencia de las necesidades de la población, ha conseguido dejar patente la injusticia que se está cometiendo con los segovianos y, por lo tanto, la necesidad de seguir trabajando, sin cortapisas, para la reapertura de este hospital”.
Señalan Herrero y el resto de responsables de los colectivos integrados que la resolución municipal no es un mero trámite administrativo más, un papeleo sin peso, ya que “la calificación urbanística determina totalmente el futuro del inmueble”.
Para estos ‘defensores’ “deja claro ante la Junta de Castilla y León que Segovia mantiene el Hospital Policlínico sin limitaciones y cargas de ningún tipo para su rehabilitación y puesta en marcha y que su Ayuntamiento ha apostado claramente por esta propuesta”.
En el capítulo de agradecimientos, expresa el apoyo recibido desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP) “con la que está trabajando codo con codo y con la que a buen seguro se van a conseguir los resultados definitivos de esta última etapa en la que llegar de pleno a la Junta, responsable de que Segovia sea la única provincia de la Comunidad en la que se ha cerrado un hospital y se está en una inferioridad sanitaria manifiesta”.
Otro agradecimiento, en este caso por escrito, es para el Oficial Mayor del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, porque ha permitido que prevalezcan los intereses de los segovianos y no ha presentado alegaciones para solicitar la flexibilización de usos del edificio, al tiempo que la Plataforma valora el mantenimiento del mismo por parte de técnicos del Ministerio, “lo que permite conservarlo en las mejores condiciones posibles”.
La portavoz de la plataforma no admite las cifras del consejero
Ana María Herrero, coordinadora del colectivo que agrupa a varias asociaciones, insiste en que la provincia está discriminada
La última visita del consejero de Sanidad en Segovia, el 3 de julio, para celebrar un Consejo de Dirección abierto, dejó titulares como que el complejo asistencial de la ciudad tuvo una ocupación el año pasado del 67% y que “ningún paciente deja de ser hospitalizado por falta de camas”, según aseguró Antonio María Sáez Aguado.
Sin embargo, para la coordinadora de la Plataforma en defensa del Hospital Policlínico, ese porcentaje no cuadra con los datos oficiales de la propia Consejería que indican que el ratio de camas en Segovia (2,41 por cada mil habitantes) está por debajo de la media de la Comunidad (3,9 por cada millar de habitantes). “Algo está pasando, o se derivan enfermos, o aumenta la lista de espera o se utilizan residencias geriátricas como hospitales”, señala esta activista de la sanidad pública.
