El Procurador del Común recibió una queja en la que se denunciaba el aumento de agresiones verbales y físicas a los profesionales de Enfermería por parte de usuarios del Servicio de Salud. Según constaba en la reclamación, esta situación se había visto incrementada por la circunstancia de llevar en las tarjetas identificativas de los profesionales sanitarios —en concreto en el caso de los enfermeros— el nombre y los apellidos del profesional, lo que había supuesto amenazas e insultos hacia su persona y labor profesional e, incluso, se advirtió que podría derivar en denuncias falsas hacia los mismos.
