La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer que se procese al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por prevaricación y malversación de caudales públicos en la pieza uno del llamado caso Valmor, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia.
El ministerio público pide el sobreseimiento, al no quedar acreditada su participación en los presuntos hechos delictivos, con respecto a los otros investigados, la exconsejera de Turismo y Deporte Lola Johnson; el expiloto de motos Jorge Martínez ‘Aspar’; la asesora Belén Reyero, así como del exresponsable de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana Nicolás Figueras.
La causa Valmor está dividida en varias piezas: esta primera, centrada en la negociación previa llevada a cabo por Camps a favor de Valmor, la empresa de Jorge Martínez ‘Aspar’, y en beneficio del expiloto; una segunda con los contratos celebrados por Circuito del Motor, empresa pública encargada de la organización del Gran Premio, y determinados proveedores que resultaban adjudicatarios por orden de Valmor y la tercera relacionada con la absorción de Valmor por parte de la empresa pública Circuito del Motor.
De manera personal
Ahora, en el escrito de Anticorrupción, presentado el jueves, se asevera que Francisco Camps llegó a un acuerdo verbal con el magnate de la F1 Bernie Ecclestone, “al margen de cualquier procedimiento administrativo”, para celebrar en Valencia un Gran Premio de la F1.
Tras varias reuniones entre el exjefe del Consell y Ecclestone, el primero habría decidido “de manera personal” que se celebrara en la capital valenciana el evento “pensando en el beneficio electoral que le generaría en la selecciones autonómicas de mayo de 2007”. De hecho, recuerda que la iniciativa se presentó por el propio Camps y el magnate el 10 de mayo de aquel año, lo que supuso una denuncia ante la Junta Electoral.
Para llevar a cabo las pruebas deportivas, Camps solicitó a José Luis Olivas, entonces presidente de Bancaja, que organizara el evento garantizándole que la Generalitat Valenciana asumiría las pérdidas, “comprometiendo fondos públicos al margen de ningún procedimiento administrativo”.
El escrito incluye varias de las fichas sobre el evento que elaboraba la considerada ‘mano derecha’ de Camps en lo relativo a este asunto, Belén Reyero, y alude a las declaraciones de testigos como el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla o José Luis Olivas, que manifestaron que era Camps quien trataba “directamente” los temas con Ecclestone.
En esta línea, el escrito de Fiscalía apunta a que el expresidente valenciano llegó a negociar en nombre de Valmor Sports SL condiciones económicas del evento, según consta en un informe anexo a un correo electrónico incorporado a la causa.
Pérdidas
El fiscal señala asimismo que, tras la celebración del Gran Premio de 2008, los socios de Valmor constataron que el Gran Premio de Valencia era económicamente inviable y generaba una gran cantidad de pérdidas, por lo que acudieron al gobierno valenciano (en concreto a Vicente Rambla) para exponerle que no podían continuar. Este, tras consultar con Camps, les dijo que la Generalitat, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos, pagaría el canon anual de 26 millones de dólares, principal obligación financiera de Valmor.
Pese a que las pérdidas de Valmor eran conocidas por la administración, en 2009 por ejemplo se cifraron en 13,5 millones de euros (tal y como recocieron Reyero, Rambla y también Camps en sus declaraciones), en 2010 nuevamente el entonces presidente del Consell y Ecclestone llegaron a un acuerdo verbal para prorrogar 10 años más el contrato y para que la Generalitat fuera avalista de Valmor, todo ello “al margen de procedimiento administrativo”.
Esta negociación, según Anticorrupción, “la dirigió directamente Francisco Camps”, contrariamente a lo que declaró él el pasado mayo de 2018, cuando manifestó no tener constancia de ese contrato hasta julio de 2011.
A partir de ese momento, prosigue el relato fiscal, Camps dirigió un proceso de negociación con Ecclestone, “de tal manera que llegó a explicar el procedimiento administrativo para que la Generalitat Valenciana se constituye como avalista, siempre utilizando a Belén Reyero como intermediaria a través de correos electrónicos y que, finalmente, a sabiendas, no realizó”.
“Todo esto sabiendo que era inviable económicamente, comprometiendo los fondos públicos e incumpliendo los procedimientos administrativos necesarios. De esta forma, ordenó que por parte de Dolores Johnson y Belén Reyero se firmara el contrato de 19 de julio de 2011 diciéndoles que sería ratificado por el Consell sabiendo que no sería así”.
