La institución del Procurador del Común, el defensor del pueblo en Castilla y León, ha pedido aumentar la inspección y el control de los aspectos medioambientales de las macrogranjas de ganado porcino.
Según han informado desde el órgano que preside Tomás Quintana, la Procuraduría inició una actuación de oficio ante las quejas a proyectos de instalación de explotaciones industriales de ganado porcino de «gran tamaño» en varias localidades de las provincias de Zamora y Soria que han derivado a su vez en «numerosas alegaciones y reclamaciones» de ciudadanos y asociaciones ante el impacto medioambiental que podría suponer la proliferación de estas actividades.
Tras analizar la documentación remitida, esta institución acreditó que se trata de un «sector pujante», ya que España es la cuarta potencia productora, después de China, EEUU, y Alemania, y que concentra la producción en Cataluña, Aragón, Castilla y León, Murcia y Andalucía. Esto ha derivado en un «incremento exponencial» de las exportaciones, un 42,6 por ciento en el periodo 2015-2019, según sus datos que sitúan las ventas en países fuera de la UE, fundamentalmente en China, con un aumento del 50% en 2018-2019, y en Filipinas, con un 12,4 por ciento más en el mismo periodo), lo que ha determinado el aumento del número de explotaciones de gran tamaño que requieren disponer de una autorización ambiental integrada que debe otorgar la Administración autonómica.
En la actualidad hay 591 explotaciones porcinas que requieren este tipo de autorización por su capacidad y las dos terceras partes se concentran en las provincias de Segovia (20 % ), Soria y Valladolid (16,5 % cada una) y Burgos (14’4 %).
En el periodo 2016-2018, se han aprobado 80 proyectos (un 13,5% del número total -591- existente), de los cuales más de la mitad se encuentran en tres provincias: Salamanca (21), Soria (15) y Segovia (13), «sin perjuicio de las modificaciones no sustanciales de autorizaciones ambientales integradas, y que permiten en la mayor parte de las ocasiones un incremento del número de cabezas de ganado porcino autorizado».
Por lo tanto, el Procurador del Común estimó que era «aconsejable» la adopción de medidas por la Administración autonómica para minimizar el impacto de los purines y del estiércol que se generan. En consecuencia se formuló una Resolución dirigida a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Fomento y Medio Ambiente, en la que se recomienda la adopción medidas para minimizar el impacto de estas actividades como fijar un calendario de inspecciones de las instalaciones que albergan las explotaciones sujetas a autorización ambiental integrada con el fin de comprobar que su funcionamiento se ajusta a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de su sector, solicitando la colaboración de los técnicos de las Confederaciones Hidrográficas en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de las cuencas de los ríos Duero y Ebro. En el caso de que en dicha inspección se compruebe que resulte posible reducir las emisiones sin imponer costes excesivos o que sea necesario implantar mejoras técnicas significativas, o que lo soliciten expresamente los organismos de cuenca, se recomienda requerir al titular para que actualice la autorización ambiental, implantando las Mejores Técnicas Disponibles del sector porcino recogidas en el Anexo de la Decisión de Ejecución (UE) de la Comisión, de 15 de febrero de 2017.
Vigilar más las zonas más vulnerables
El Procurador del Común también ve preciso que, al haber transcurrido ampliamente el plazo establecido en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la protección contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, la Administración autonómica debe aprobar «a la mayor brevedad posible» tanto el Decreto de designación de las zonas vulnerables a esta contaminación y el Código de Buenas Prácticas Agrarias, como el Programa de actuación preciso para prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario.
También cree que debe valorarse la aplicación de una moratoria para la instalación de nuevas granjas de porcino o el incremento de la capacidad de las ya existentes, en aquellas zonas que se declaren vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, «salvo que se adopten medidas por los titulares de dichas explotaciones para minimizar el impacto ambiental».
De igual forma, cree que debería exigir implementar herramientas informáticas que permitan controlar el depósito de las deyecciones ganaderas en las tierras de cultivo, «evitando duplicidades en las declaraciones que presentan a la Administración autonómica los titulares de las explotaciones».
Por último, en las zonas declaradas como vulnerables, recomienda aprobar «medidas específicas» de apoyo para garantizar la implantación en ellas de plantas de generación eléctrica o de biogás con el fin de que pueda llevarse a cabo un sistema alternativo del tratamiento que permita reducir la carga contaminante de los purines y deyecciones procedentes de las explotaciones.
