Hacer extensivas las órdenes de alejamiento de las mujeres víctimas de violencia machista a sus hijos y modificar el uso que se hace de los puntos de encuentro familiar en los que se reúnen con los padres maltratadores, o incluso prohibirlo, son medidas que exigen los expertos para reforzar la protección de los menores.
El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron esta semana en la conferencia sectorial de Igualdad revisar cómo se utilizan los puntos de encuentro familiar en los casos de violencia de género con el fin de proteger a los hijos de las víctimas de posibles riesgos al estar en contacto con el agresor, y unificar sus criterios de uso en los distintos territorios.
Sin embargo, son varias las instituciones y organizaciones que pidieron que se actúe antes de que los niños tengan que acudir a estos centros para ver a sus padres, condenados por maltrato, esto es, que las órdenes de alejamiento que dictan los jueces para las mujeres víctimas protejan de la misma manera a sus hijos.
El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, reiteró que un “maltratador nunca puede ser un buen padre” y que es necesario que se suspenda el régimen de visita de los hijos cuando se dicte un alejamiento de un agresor a su madre.
De la misma opinión es la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR).
La responsable jurídica del Teléfono ANAR, Sonsoles Bartolomé, ha solicitado que cuando un juez otorgue una orden de protección a una mujer víctima de violencia machista, esa orden automáticamente se haga extensible a sus hijos.
“Vemos que la violencia de género se sigue perpetuando a través de los hijos, lo vemos diariamente, y su mayor posición de vulnerabilidad nos lleva a hacer esta petición”, destacó Bartolomé en una entrevista.
También la directora de la Fundación Mujeres, la abogada Marisa Soleto, defendió que la aplicación del alejamiento que se estipula para las madres conlleve automáticamente su extensión a los hijos.
“En tanto en cuanto consideramos que sus hijos son víctimas directas de esa violencia de género, las medidas de protección que alcancen a la madre deben ser extensivas de forma automática a los hijos y que no quepa ninguna situación en la que ninguna mujer con protección tenga que continuar el contacto del maltratador por las visitas de sus hijos”, denunció.
“Los jueces han interpretado que la ampliación de las medidas de protección a los menores no es importante y nos genera preocupación”, advirtió Soleto.
El bajo porcentaje de retirada de la custodia y el régimen de visitas a los hombres condenados por maltrato, ha llevado al incremento del uso de los puntos de encuentro familiar como lugar en que estos sujetos recogen y ven a sus hijos.
Su uso, a juicio de Soleto, tendría que ser “absolutamente erradicado en los casos de violencia de género” porque supone un “incumplimiento flagrante de la protección de los menores hijos de las mujeres víctimas, que con la legislación que tenemos deberían estar mucho más protegidos”.
Gobierno y comunidades autónomas han creado un grupo de trabajo precisamente para abordar este «tema tan delicado» para analizar en profundidad el uso que se le da en la actualidad a estos puntos de encuentro que no nacieron para casos de violencia de género, sino para el ámbito social.
