La Junta de Castilla y León cree que el Gobierno de España «perjudica» a la Comunidad en el reparto de los 7.000 millones de ayudas directas para empresas, pymes y autónomos, porque considera que aplica los mismos criterios «discriminatorios» que en las ayudas de reactivación europeas, de las que recibió el 3,35% de los fondos, frente al 6% que le corresponde con el sistema de financiación autonómica.
En un comunicado, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha sostenido que el porcentaje de reparto en forma de ayudas directas a autónomos, pymes, empresas y profesionales será incluso menor porque hay una preasignación a algunas comunidades autónomas que excluye a Castilla y León, en referencia a que Baleares y Canarias recibirán 2.000 de los 7.000 millones de euros del paquete de ayudas directas a empresas afectadas por la pandemia.
La Junta ha incidido en que estos criterios de distribución del Gobierno «perjudican a los autónomos, pymes, empresas y profesionales de Castilla y León«, al tiempo que ha pedido una «igualdad de trato independientemente de su localización en España«.
La Administración autonómica ha denunciado, además, que el criterio de distribución se ha hecho «de forma unilateral, sin contar con las Comunidades Autónomas o al menos no con todas las autonomías y sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera». Por ello, ha reclamado una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer el reparto de los Fondos REACT EU y el de los 7.000 millones de ayudas directas.
La Consejería ha recordado que de los fondos europeos de reactivación, los REACT EU, se asignaron 335 millones a Castilla y León de un total de 10.000 millones distribuidos entre las comunidades autónomas, 258 menos de los que le hubieran correspondido con el modelo del Sistema de Financiación Autonómica.
