Una frase se hizo célebre en la campaña electoral (1992) que aupó a Bill Clinton hasta la Casa Blanca: “es la economía, estúpidos”. En contexto marcado por la recesión, la agenda del candidato debía enfatizar el mal estado del cuadro macroeconómico. Así, George Bush padre perdió; y se quedó en presidente de mandato único. Lo mismo le había ocurrido a Jimmy Carter en pleno “shock” petrolero, agobiado por inflación y depreciación del dólar en su reválida (1980). Reagan obtuvo la victoria por goleada.
Don Quijote le explicaba a Sancho Panza la diferencia entre lo normativo –cómo deberían ser las cosas- y lo positivo –cómo son-. El enfoque de la Elección Pública (Public Choice) se interroga acerca de las políticas económicas cuya adopción ha resultado condicionada por cierta restricción: el reparto del poder político vigente en cada momento, donde aparece algún tipo de consenso entre gobierno, funcionarios y grupos de presión. Las cosas suelen funcionar así; pero, los políticos, buhoneros que venden medidas instrumentales, disfrazarán su discurso con halo normativo. La argumentación de sus propuestas enfatizará la pregunta siguiente: ¿qué políticas deberían aplicarse en favor del interés general? Pura hipocresía en muchos casos. ¿Qué políticas llegan a ver la luz, correctas o inadecuadas? Esa es la cuestión.
Los agentes racionales, desde consumidores a empresarios, tratan de maximizar su utilidad. Según el enfoque positivista, los gobernantes también incorporarían el armazón conceptual del “homo economicus”, con romana en mano para medir costes y beneficios. La prioridad máxima consiste en alcanzar la reelección para el próximo mandato. El modelo de Nordhaus plantea la utilización de los resortes del poder para alterar el ciclo económico, donde alternan periodos de vacas gordas con otros de vacas flacas, desde la política. Una premisa: los votantes son miopes; y recuerdan mucho mejor lo acaecido al final del mandato. Desde la memoria selectiva, cuántas noticias relativas al primer año de gobierno caen en el olvido.
Así, palos y zanahorias se distribuyen de forma estratégica dentro de un horizonte temporal. Las medidas impopulares de ajuste fiscal –recortes y/o subida de impuestos- se aplicarán, si fuera menester, recién inaugurado el mandato, cuando los cien primeros días de gobierno pasan cual periodo de gracia, sobre todo si se ha conseguido una mayoría electoral amplia. Por el contrario, tras el poli malo, el poli bueno llega al final del cuatrienio –lo que más recordarán los electores-, vestido de Papá Noel. El incremento del gasto público será norma, tanto más efectivo que la bajada tributaria sobre la demanda agregada, para hilar complicidad con mayor número de ciudadanos dispuestos a acudir a las urnas.
En el contexto de la crisis del euro, el PP ganó las elecciones generales a finales de 2011; y el gobierno de Mariano Rajoy clavó las predicciones del modelo de Nordhaus. El ajuste fiscal, ya iniciado por Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, se endureció. Así, la lengua castellana acuñó neologismo: austericidio. Las medidas, muy severas en los primeros meses, eran anunciadas cada semana, en los “viernes de dolores”. Eran tiempos en los que podía aparecer una parienta con mala sombra; y espetarle a mi madre, camino del cuarto de baño de una cafetería: “¿Margarita, te has dado cuenta de que a tu hijo le pueden echar de la universidad?”. Sí nos quitaron una paga extraordinaria, que tardó en abonarse.
Una vez que San Mario Draghi cogió los bártulos, las cosas mejoraron en la Zona Euro. El presidente del Banco Central Europeo, aplacó a los mercados con su compromiso de defender al euro; y la institución con sede en Frankfurt inició la compra de montañas de deuda pública, correspondiente a los países más vulnerables ante la crisis, bautizados por la City de Londres cuales PIIGS. La famosa prima de riesgo – o riesgo-país-, que mide el grado de solvencia del Reino de España como emisor de bonos, inició su descenso.
La convocatoria de las siguientes elecciones generales en España se retrasó todo lo posible. Ante cita tardía en los colegios, más consolidados estarían los “brotes verdes” –otra expresión propia del marasmo- en el cuadro macroeconómico. Y quedaría aminorado el mal recuerdo, entre votantes miopes, relativo a los ajustes leoninos tras la crisis financiera más intensa desde 1929. El gobierno de Rajoy, con Montoro como titular de Hacienda, aplicó sendas políticas de expansión fiscal en la recta final del mandato, según mandan los cánones. Y, el empleo público volvió a crecer. La cuestión se relajó tanto, que Bruselas amenazó con multar a España por volverse condescendiente con el control del déficit presupuestario.
La historia se repite en 2023, año electoral. Así, el presidente tirará la casa por la ventana para coronar el mandato. No se trata solo de un simple aumento del gasto público, ya que algunas medidas incorporan potencia mediática de alto voltaje, donante de inmunidad frente a cualquier rechazo, vía partidas que resultan muy vendibles en el mercado político.
En acto reciente de presentación de la candidata socialista a la alcaldía de Zaragoza, Pedro Sánchez ha concedido primicia. Su gobierno dedicará 2.520 millones de euros a becas de estudiantes, el mayor presupuesto asignado a dicho renglón en la historia de la democracia. El anuncio enfatiza tanto volumen de gasto como número de beneficiarios –un millón de personas-. El gobierno ya incorporó una ayuda extra de 100 euros mensuales, entre septiembre y diciembre de 2022, para becarios mayores de 16 años.
Por loable que pudiera resultar este programa en términos normativos, desde la aspiración a igualdad de oportunidades, las fechas estratégicas, relativas tanto a comunicación estelar con fuegos de artificio como a la ejecución del gasto, sugieren contrastación perfecta de la hipótesis del modelo de Nordhaus. Muchos votantes solo recordarán medidas recientes, como ésta, al insertar su papeleta en las urnas. Además, se teje clientelismo político.
El gasto en becas otorga mayores réditos electorales que las inversiones en mantenimiento de infraestructuras educativas. Si los centros públicos de enseñanza superior de la Comunidad de Madrid dependen del gobierno autonómico (PP), la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido noticia durante la semana iniciada el pasado lunes 27 de febrero. Una avería en la conducción de agua ha obligado a suspender la actividad docente presencial en todo el Campus de Somosaguas, sede de la Facultades de Económicas, Ciencias Políticas, Psicología y Trabajo Social. El problema de fondo radica en la antigüedad de las instalaciones, factor que ha complicado sobremanera la reparación, según comunicado interno enviado por la Directora de Obras y mantenimiento de la UCM, donde estudian muchos segovianos. En clave política, profesores y restantes empleados no articulamos un grupo de presión poderoso, capaz de captar este tipo de inversiones. El mobiliario de mi despacho data de los años setenta.
La subvención de 20 céntimos de euro por cada litro de gasolina para todos los automovilistas, hasta el 31 de diciembre de 2022, arbitrada por el ejecutivo de Sánchez, configura otra actuación al servicio de la reelección. En periodo inflacionario, esa medida solo adquiere sentido si los transportistas son destinatarios únicos, con objeto de evitar un efecto de arrastre sobre costes de producción y distribución del conjunto de la economía.
Finalmente, se impuso el café para todos, tan propio de la cultura española. Papito Estado nos ha abaratado el transporte privado, a pesar del incentivo a consumo de carburantes fósiles. Una actuación que atenta contra los principios más elementales de sostenibilidad, bandera a priori priorizada por la izquierda. Una transferencia exclusiva de renta hacia aquellos que usan su vehículo propio. Y, más allá de engordar el granero de votos, surge un interrogante: ¿no habrá sido también una vacuna para prevenir algo parecido a la revuelta de los “chalecos amarillos” en Francia (2018), encendida vía aumento del precio de los combustibles, debido en dicho caso a un impuesto?
La subvención del transporte público resulta más coherente; pero la gratuidad absoluta en líneas de autobús, como la que une Madrid con Segovia, para público frecuente, me parece excesiva a todas luces. Confieso que, ante mi pereza para explorar el mecanismo de acceso en la página de Avanza, continúo pagando mi billete como casi ningún hijo de vecino.
La inestabilidad de precios es el primer problema –y no el desempleo-. La expansión fiscal de última hora, que no toca, por el momento, en clave macroeconómica, registra sesgo electoralista marcado, máxime cuando el endeudamiento público representa un 113 por ciento del PIB –diciembre de 2022-. De forma paradójica, estas licencias de gasto encuentran anclaje en ello, puesto que la subida del IPC hace bajar el indicador referido –desde el 118 por ciento en enero de 2022-. Digamos que la inflación se come la deuda interna nominal. Según plantea el refranero, no hay mal que por bien no venga.
En su libro de viajes “Apuntaciones sueltas de Inglaterra”, Leandro Fernández de Moratín se mostraba sorprendido porque, a finales del siglo XVIII, nada era gratis en Britania. Sin duda, la máxima romana de “pan y circo” llegó muy atenuada al limes del imperio; y no fue legado.
