El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cierra para su posterior archivo la causa en la que investigaba la muerte durante la invasión de Irak del cámara José Couso, que se produjo el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad, en un auto en el que lamenta que, a pesar de que existen “suficientes indicios racionales” contra tres militares del Ejército de Estados Unidos, lo que considera un “crimen de guerra” va a quedar “impune”.
El magistrado, que eleva el procedimiento a la Sala de lo Penal para que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones al ser el órgano competente para este trámite, considera que no tiene margen para continuar la instrucción debido a la reforma de la ley de jurisdicción universal y a la reciente sentencia del Supremo que confirmó el archivo de las pesquisas sobre el genocidio en el Tíbet. “El flexo no podrá mantenerse encendido”, se lamenta Pedraz.
De esta forma, propone el cierre de la causa que desde 2010 mantenía procesados y bajo orden de busca y captura al teniente coronel del Ejército de Estados Unidos Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, a los que acusaba de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en concurso con homicidio.
Pedraz argumenta que la resolución del Supremo, de la que fue ponente el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, estableció, de acuerdo con la reforma de la justicia universal impulsada por el PP, que “los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero” salvo en dos supuestos.
El primero se refiere a que el procedimiento se dirija contra “un español” y el segundo que el presunto autor sea “un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.
Por su parte, la familia, amigos y compañeros del cámara de Tele 5 consideran al Gobierno del PP culpable de la decisión del juez Pedraz de cerrar para su posterior archivo la causa en la que investigaba la muerte del cámara y han avisado de que recurrirán la decisión porque “aquí no termina la batalla”.
Los allegados a Couso reconocieron a su vez en un comunicado estar profundamente “desolados e indignados” por la decisión del juez, pero a la vez están “decididos a no tirar la toalla” y recurrirán la decisión hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
