El desalojo del PNV del poder en el País Vasco y la llegada del socialista Patxi López a la Lehendakaritza ya tiene su primer estandarte. Después de que el martes se conociera que Ibarretxe aprovechará sus últimos días de interinidad al frente del Gobierno de Vitoria para acelerar la concesión de ayudas públicas a las familias de los presos de ETA, el PSE proclamó ayer que, una vez que acceda a Ajuria Enea, suprimirá de inmediato los estipendios destinados a financiar las visitas a las cárceles en las que cumplen condena los terroristas.
El encargado de comunicar una decisión que satisface por igual a las formaciones de Ferraz y Génova fue el número dos de los socialistas vascos, Rodolfo Ares, que garantizó la revocación de todas las normas que posibilitan la concesión de tales subvenciones.
El boletín oficial del Gobierno vasco publicó el martes la convocatoria de ayudas con varios meses de antelación respecto a lo que solía ser habitual, precisamente para hacerlas efectivas antes de su salida de las instituciones.
Ante tan clamorosa evidencia, Ares denunció la «inusual celeridad», que, a su juicio, supone «una de las tantas decisiones injustificables que está tomando el Gobierno en funciones de Ibarretxe, con el fin de hipotecar y condicionar la acción del nuevo Ejecutivo, que presidirá Patxi López».
Además, aunque jurídicamente será muy difícil revocar las concesiones que ya se hayan hecho efectivas antes de que se produzca el traspaso de poderes, el socialista advirtió de que las ayudas que se hayan entregado sin un cumplimiento riguroso de los requisitos legales podrán «anularse con otra Orden».
A juicio de Ares, «acabar con estas ayudas, que hieren profundamente la sensibilidad de las víctimas de ETA, es una exigencia democrática que no se puede aplazar, entre otras razones, porque es un ingrediente fundamental de la deslegitimación ética, social y política del terrorismo que nos proponemos llevar a cabo desde el Gobierno del cambio».
Sobre la banda también habló con detenimiento el ex presidente del Ejecutivo José María Aznar, que aseguró que ETA estaba «prácticamente derrotada» en el año 2004 cuando salió de Moncloa, al igual que, a su juicio, «lo está prácticamente en este momento».
En una entrevista concedida a una revista colombiana, el popular Aznar se mostró además convencido de la posibilidad de terminar con la banda por la vía policial, y subrayó que lo único necesario es «no cometer errores de negociación» o de «intentar apaciguar a los asesinos».
Precisamente de los tiempos en que Aznar dirigía el Gabinete habló ayer en París el agente de la Subdivisión Antiterrorista (SDAT) de la Policía Judicial francesa Laurent Hury, durante un juicio a cuatro etarras del aparato de información detenidos en mayo de 2003 en Francia, entre ellos quien está considerada su máxima responsable, Ainhoa García Montero, que ejerció su labor al frente de los llamados pianistak durante el tiempo en que Ibon Fernández Iradi, alias Súsper, fue jefe del aparato militar.
El policía explicó que la estructura de información de la organización tenía un presupuesto mensual de entre 18.000 y 19.000 euros, es decir, entre el 35 y el 40 por ciento de los fondos con los que contaba el aparato militar de la banda en 2002, que eran unos 50.000 euros.
Y mientras, los nacionalistas volvieron a llevar hasta el Congreso de los Diputados su frustración ante la más que probable pérdida del poder.
Allí, al ser interpeladopor el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió una vez más que él «siempre» les ha hablado «con toda claridad» con respecto a la «constitución previsible» del próximo Gobierno autonómico, un asunto en el que «decide el Partido Socialista de Euskadi» y su líder, Patxi López.
