El urbanismo siempre debe estar sometido a la protección del Patrimonio. Esta evidencia indiscutible parece haber sufrido un importante correctivo en el caso del polémico edificio de San Marcos.
Pocos discuten que el inmueble cuenta con el amparo legal de la normativa urbanística en vigor, el Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, aprobado en 1999 por el Gobierno municipal del PP. Aunque no pocos son también los que piensan el Gobierno socialista de Pedro Arahuetes, podía haber subsanado posteriormente aquel error que permitió aumentar la edificabilidad en la parcela, de 133 a 700 metros cuadrados. Y denegar la licencia a un inmueble que, sin duda, por su volumen y altura, transformará el paisaje del entorno donde se ubica, afectando, según muchos, a las vistas del Alcázar.
Lo cierto es que, sea en forma de denuncia o de lamento, las fuerzas políticas de la ciudad, públicamene o sotto voce, reconocen que el inmueble, destinado a vivienda unifamiliar y alojamiento turístico, supondrá un impacto visual negativo en la zona.
Los grupos con representación municipal discrepan abiertamente sobre la responsabilidad política de un caso que ha provocado indignación ciudadana y alarma social en colectivos como la asociación «Amigos del Patrimonio de Segovia» o la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Pero más allá de culpabilidades —en la que también podría estar inmersa la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta, que en 2008 dio el visto bueno al proyecto— en un aspecto todos coinciden: desautorizar ahora un proyecto en ejecución y con licencia, y con amparo de un Plan Especial, supondrá el pago de una indemnización millonaria al propietario. Un desembolso que también habrá de producirse incluso en el supuesto de que los tribunales consideren —como defiende IU o «Amigos del Patrimonio«, entre otros— que la construcción supone una vulneración de la Ley de Patrimonio Cultural.
Fiscalía
¿Y quien asumirá el coste de derribar una planta, o expropiar el inmueble? ¿El Ayuntamiento o la Junta de Castilla y León?. Y mientras tanto la Fiscalía ha abierto diligencias informativas a instancias de una denuncia presentada por IU. En pocos días, en teoría, se reunirá la junta de fiscales y decidirá si archivar el caso o, en su caso, proponer al juzgado la paralización cautelar de las obras.
