Las víctimas de la barbarie etarra tienen, desde ayer, un motivo menos para sonreír, y eso que a lo largo de la jornada, el ministro del Interior, Antonio Camacho -a quienes muchos señalan como uno de los principales responsables del caso Faisán-, y el consejero del Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, acordaron impulsar conjuntamente la elaboración del proyecto del futuro del Centro de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo con sede en el País Vasco. De poco sirven estos reconocimientos si, por detrás, la Justicia se vuelve sospechosamente humana en tiempos de una paz que a veces huele a chantaje.
Y es que el Tribunal Constitucional (TC) retrasó al menos hasta septiembre su decisión sobre los recursos de varios presos, la mayoría de la organización criminal, contra la llamada doctrina Parot, después de que la reunión del pleno convocada para esta semana concluyera el pasado miércoles sin un pronunciamiento sobre este asunto, lo cual quiere decir que las dudas son más que razonables y es posible que esta medida deje de ser aplicada, como de hecho así ha sido, para decenas de asesinos que han abandonado la cárcel en lo que va de año. Uno de ellos fue Antón Troitiño, en busca y captura. Otros no son tan mediáticos: Elías Fernández, Ander Errandonea -el que sacó la pancarta de Bildu-, Ignacio Fernández de Larrinoa…
Vacaciones
Ante la «complejidad» que implica la interpretación de esta medida penal, los 11 magistrados plantearon al presidente del Constitucional, Pascual Sala, la necesidad de aplazar este debate, ya que no había sido tratado a fondo -según fuentes oficiales-, hasta después de las vacaciones.
En la agenda del pleno de esta semana figuraban, entre otros asuntos, los recursos de 16 condenados -14 de ellos presos de ETA- a los que se ha aplicado dicha doctrina, que obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas, y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión.
A juicio de los cada día más discutidos representantes de la Justicia, cada recurso necesita un debate en profundidad, puesto que las circunstancias de los recurrentes son distintas.
A esto hay que añadir que unos etarras fueron condenados por el Código Penal de 1973, mientras que a otros se les aplicó el de 1995, pese a que los hechos juzgados eran anteriores, lo que hace difícil que el TC pueda aprobar un único pronunciamiento que avale o revoque la doctrina Parot. De hecho, el TC ya aclaró en mayo que resolvería «caso por caso» los recursos.
Quizás los garantes de la Carta Magna teman la alarma social que causaría, si derogan esta medida de recorte de beneficios penitenciarios, que 60 criminales dejen inmediatamente las cárceles.
Conviene recordar que el Supremo estableció la doctrina Parot el 20 de febrero de 2006 en una sentencia en la que rechazó un recurso del ex miembro del comando itinerante de ETA Henri Parot, y ordenó que el cómputo de las redenciones se hiciera el total de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años.
Hipercor
Que este terrorista tenga el honor de bautizar a esta medida penal se debe a su currículum. Sobre Unai Henri Parot pesan 26 sentencias condenatorias con las que sumó casi 4.800 años de prisión, siéndole imputados 82 asesinatos, destacando las matanzas de Hipercor y la casa cuartel de Zaragoza en 1987. Hace una década se descubrió una carta suya dirigida a la cúpula en la que le pedía que cometiera más atentados.
Si se tira de hemeroteca, se comprobará con inquietud que en las actas encontradas el pasado mes de marzo a Thierry, el Gobierno había pactado con ETA derogar la doctrina Parot, y echar a la calle monstruos como Kubati, Potros, Makario y hasta el hombre que dio su apellido a la reforma penal.
