El pleno del Parlament aprobó ayer con los votos de JxCat, ERC y la CUP una resolución que ratifica “la confianza en Carles Puigdemont como presidente” de la Generalitat de Cataluña”, pero evitó ratificar también la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.
Los tres grupos independentistas aprobaron así una restitución simbólica del presidente cesado y actualmente en Bélgica, pero no lo invistieron de forma efectiva, ya que esto abriría un nuevo contencioso con el Tribunal Constitucional.
Esta resolución se aprobó con los 67 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, los 24 votos en contra del PSC y los comuns, mientras que Cs y PP decidieron no participar en la votación por considerar que la propuesta es contraria a las resoluciones del Tribunal Constitucional.
La resolución aprobada también reivindica el referéndum del 1 de octubre de 2017, y califica de “ilegal e ilegítima” la destitución de Puigdemont y de su Govern que se hizo efectiva cuando el Senado dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Votación polémica
El texto aprobado define a Puigdemont como el “legítimo candidato” a la Presidencia de la Generalitat, pero difícilmente será investido próximamente, ya que JxCat, ERC y la CUP contemplan investir a un candidato alternativo que sería Jordi Sànchez, según ha trascendido.
La CUP había presentado una enmienda a la resolución que se ha aprobado que pedía que la Cámara ratificara la declaración de independencia del 27 de octubre, pero finalmente no se ha votado porque han llegado a un acuerdo con JxCat para aprobar un texto diferente y rebajado.
Sin embargo, sí que hubo una votación polémica, la del punto 6 bis de la resolución, que exige que “cesen las injerencias del Gobierno del Estado ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional”, y reivindica que la voluntad de los catalanes fue legítimamente expresada en el referéndum del 1 de octubre de 2017.
El diputado del PSC David Pérez pidió la palabra para explicar que en la reunión de la Mesa del Parlament de antes del pleno los letrados de la Cámara han defendido que la resolución podría ser inconstitucional y no debería haber sido ni tramitada ni votada ante el plenario.
Los letrados argumentaron que la resolución defendía como legítimo un referéndum contra el que el Tribunal Constitucional falló en contra pero, aún así, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, y la mayoría independentista de la Mesa decidieron seguir adelante.
Pérez recordó que la Mesa tiene “el deber de impedir o paralizar” cualquier iniciativa.
