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Pando insiste en que el nuevo edificio de juzgados es «imprescindible»

por S.G.H
30 de marzo de 2019
Estructura del edificio en obras que se construye en una parcela del barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra. / Kamarero

Estructura del edificio en obras que se construye en una parcela del barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra. / Kamarero

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Cuenta el presidente de la Audiencia, Ignacio Pando, que esta misma semana la fiscal especializada en violencia de género en Segovia comentaba en una charla que en el Juzgado Nº 4 de Segovia, con competencia en la instrucción de estos delitos, “hay que llevar al acusado, encerrarle, o estar con él, en el cuarto de las fotocopias, para que no coincida con la víctima o denunciante; es decir, son unas condiciones que no son adecuadas para una administración de Justicia del Silgo XXI”.

Pando desconoce si hay algún avance en la situación de bloqueo que sufren las obras del nuevo edificio de juzgados de Segovia que se construye en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra, en el límite con el de Nueva Segovia.

En cualquier caso, insiste en que la unificación de órganos judiciales en la capital segoviana “es imprescindible”.

Así lo han venido repitiendo los distintos actores de la Administración de Justicia desde hace casi dos décadas y, de nuevo, la Memoria de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la que anuncia su próxima publicación, incluye esta vieja reclamación, instando a una solución, según el presidente de la Audiencia de Segovia.

Antecedentes

El Ayuntamiento prorrogó en enero por dos años la licencia de obras concedida al Ministerio de Justicia para la finalización de este nuevo edificio de juzgados, inversión que está paralizada desde el verano pasado. La licencia de obras original fue concedida en diciembre de 2015, los primeros trabajos comenzaron en septiembre de 2016 y el plazo de ejecución es de 55 meses, por lo que el nuevo edificio iba a finalizar en 2021.

Sin embargo, la adjudicataria de las obras, Corsán-Corviam es filial del Grupo Isolux Corsán, que en julio de 2017 solicitó concurso de acreedores y, según afirmó el año pasado la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, parte de la solución está en manos de un Juzgado de lo Mercantil de Madrid.

Barcones explicó que había dos posibles opciones, que la ejecución de las obras pendientes en el inmueble la continúe otra empresa constructora o iniciar un nuevo proceso de licitación.

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