Por fin tenemos nueva Política Agraria Común (PAC), que se aplicará entre 2023 y 2027, tras la reciente ratificación del acuerdo por parte de los ministros de Agricultura y Pesca de la UE. Se trata de una cuestión de gran importancia, no solo porque supone en torno al 30% del presupuesto de la UE, afecta a millones de receptores de ayudas directas y se trata de la producción de alimentos, sino también por cómo repercute en la población y los procesos de despoblación del mundo rural.
Ahora bien, la valoración de la reforma no puede ser positiva, porque el acuerdo no resuelve los problemas de fondo. Hace falta una política pública mucho más decidida de apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones frente al modelo intensivo y enfocado a la exportación. Desde Podemos hemos trabajado por una PAC más justa en la distribución de los fondos. Por un lado, hemos defendido en el Parlamento Europeo un pago máximo de 60.000 euros, conscientes de que solo el 2% de los beneficiarios de la UE reciben más; sin embargo, dicho Parlamento fijó este máximo finalmente en 100.000, sin ni siquiera obligar en el acuerdo final a que los Estados lo apliquen. Por otro lado, no consideramos que haya aumentado lo suficiente el pago redistributivo, que ha quedado apenas en un 10% que difícilmente supondrá una diferencia en las ayudas efectivas que reciban los pequeños agricultores.
Asimismo, el acuerdo tampoco da la talla en lo que se refiere a la sostenibilidad. En primer lugar porque los objetivos del Pacto Verde solo aparecen recogidos en los considerandos del texto, lo que resta peso a la obligación de cumplirlos. En segundo lugar, nos preocupa igualmente que la definición de los Ecoesquemas quede en manos de los Estados, pues se abre la posibilidad a un “dumping verde” que genere competencia desleal entre territorios de la UE. Dicho todo esto, es cierto que nos da la oportunidad de mejorar el sistema mediante la definición que hagamos en España de ellos.
Da la sensación de que se ha decidido dejar sobre los hombros de agricultores/as y ganaderos/as el peso de las políticas ambientales, cuando de lo que se trataba era de lo contrario. La reforma no contempla la necesidad de equiparar los requisitos medioambientales y sociales a los productos importados desde fuera de la UE, ni prevé incorporarlos como condiciones a la hora de negociar acuerdos de libre comercio. Tal y como está planteado, este acuerdo fracasa tanto para garantizar la sostenibilidad económica de las explotaciones como la sostenibilidad ecológica de la actividad, pese a que ambos objetivos son esenciales para nuestra sociedad.
Para Castilla y León, sin duda, necesitaremos que se establezcan mecanismos de acceso a la tierra para los y las jóvenes
También me parece necesario señalar el hecho de que se haya fijado como porcentaje mínimo de ayudas directas para productores menores de 40 años el 3% del presupuesto de cada país, cantidad que no parece suficiente para apuntalar un relevo generacional imprescindible para frenar la despoblación del mundo rural. Para Castilla y León, sin duda, necesitaremos que se establezcan mecanismos de acceso a la tierra para los y las jóvenes, más aún con la presión que está suponiendo la proliferación descontrolada de macroproyectos de plantas solares sobre tierras fértiles.
Por último, pero no menos importante: tampoco esta reforma ha supuesto un avance en materia de género. Todo lo contrario, ya que se permite que los Estados resten del monto de la ayuda el coste del trabajo no remunerado, el cual se produce principalmente en explotaciones familiares y mayoritariamente por parte de mujeres. Lo que hacía falta era dotar de reconocimiento y derechos ese trabajo, pero esta reforma lo que va a hacer es invisibilizarlo aún más.
En definitiva, se trata de una PAC continuista y, por lo tanto, decepcionante. Nuestra misma situación tanto ecológica como económica demuestra que lo que necesitamos son cambios. Las personas que trabajan la agricultura y ganadería son agentes fundamentales en la custodia del medio ambiente, la fijación de población en el medio rural y la articulación del territorio. Visto el acuerdo alcanzado en Europa, no queda otra que redoblar esfuerzos para conseguir que la definición que haga España de los Ecoesquemas avance en la dirección correcta. Hay partido aún por jugar en lo que se refiere a cómo va a aplicar el gobierno español la Política Agraria Común y para ganarlo debemos trabajar de la mano las organizaciones agrarias, los movimientos ecologistas y las organizaciones políticas progresistas. Tampoco podemos olvidar que está en trámite la Ley de Cadena Alimentaria, una ley que esperamos haga justicia a este sector garantizando unos precios justos que traigan prosperidad a nuestro campo.
(*) Co-portavoz provincial de Podemos Segovia, miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.
