Desde los inicios de la transición hubo grupos que no quisieron integrarse en el sistema del juego político, grupos, que por sus ideas generalmente extremistas en sus postulados o directamente violentas y golpistas, no tuvieron cabida en el gran salto hacia delante de moderación y modernidad que supuso la Constitución de 1978. Unos, llegaron a tener representación parlamentaria aunque con poco poder de influencia, y otros se quedaron fuera del hemiciclo. Jamás ningún gobierno de la Transición se jugó su prestigio procurando llegar a acuerdos políticos con ellos. Me refiero, claro está a grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, o abiertamente separatistas que apoyaron sin disimulo la violencia, terrorista o de otra índole, hasta que fueron ilegalizados por el Tribunal Constitucional o abandonados por su electorado. Por tanto nuestra Constitución y nuestra monarquía parlamentaria han tenido desde el principio enemigos. Ya lo decía ‘Paco’ Fernández Ordoñez: “Todo el mundo tiene sus odiadores y casi nunca sabes por qué.”
Al poco de la crisis financiera de 2008, los casos de corrupción y el desafío separatista, asistí a un almuerzo con el presidente Felipe González donde le escuché decir que le preocupaba más la crisis de las instituciones que la económica: de la segunda se sale antes que de la primera. Coser las costuras del proceso separatista de una de las regiones más importantes de España y restablecer el respeto y autoridad de unas instituciones –en algunos casos- disfuncionales y desprestigiadas es harina de otro costal. Lo cierto es que el movimiento 15M, luego espiritualmente transformado en formación política, junto al separatismo catalán, han puesto en cuestión los cimientos sobre los que se fundamentó la Transición y se asentó la democracia: la Constitución de 1978 está siendo impugnada, y como no tienen fuerza suficiente, lo están haciendo utilizando una suerte de guerrilla política. El cuestionamiento toca tanto el modelo territorial, como la división de poderes o la forma de Estado: unos propugnan la independencia, otros la república, y otros, si acaso no son los mismos, rechazan la independencia de los jueces o declaran que “hay que revertir la deriva judicial”. Eso sí, solo cuando les perjudica.
Así que el presidente González, tenía razón, y el entramado institucional como el parlamento, el senado, la fiscalía general del Estado, la abogacía del ídem, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, las comunidades autónomas… y por si era poco, ahora la monarquía, sufren su particular calvario. Qui prodest? que diría el querido maestro Rodríguez Adrados recientemente fallecido.
Aquellos que venían del extrarradio del sistema hoy se sientan en los escaños del Congreso de los diputados y en las butacas del consejo de Ministros, erigiéndose en “dinamiteros de la legalidad constitucional” a través del desprestigio diario al que vienen sometiendo a las instituciones con el único objetivo de conseguir su vaciamiento, porque una institución vacía, sin contenido, paralizada y desacreditada solo puede tener como destino su sustitución, si no su eliminación. Así ocurrió con las Cortes franquistas.
Es “inquietante y perturbador” asistir por tanto, a lo que Daniel Gascón llamaría un golpe posmoderno, segundo desde el 1 de octubre de 2017, viendo como unos aprendices de brujo caribeño lo ejecutan desde las propias instituciones públicas que pretenden derribar. Azaña decía, que no puede haber libertad contra la libertad. La exigua mayoría del principal partido que sustenta a este débil Gobierno, no solo no ayuda, sino que difumina y exculpa las embestidas y menosprecios a las que son sometidas las instituciones democráticas, haciendo a todo el gabinete cómplice –con su calculado y ambiguo silencio- de un deterioro cada vez mayor. Si los ministros lo aguantan todo, no les pasará como a don Estanislao Figueras, presidente de la efímera primera república cuando dijo “señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros”.
El acoso al que se está sometiendo al rey Felipe VI es fundamental en el plan, y el maltrato a D. Juan Carlos imprescindible para el desprestigio de la Corona. Dejen actuar a la justicia. Observo atónito cómo la presunción de inocencia se le supone antes a dos extorsionadores de altos vuelos –uno ya en la cárcel-que al extorsionado. Cómo la deslealtad institucional de algunos representantes públicos, hace que los que creemos en la Constitución nos sintamos en la obligación de salir del armario y defenderla. La más preciada pieza de caza mayor no es el padre, y me atrevería a decir que tampoco el hijo, lo es la propia Constitución, y para hacerse con tan preciado trofeo, los primeros deben caer, por lo que salvando las distancias, bien podría acordarse D. Felipe de la frase de Santiago Carrillo tras su impasible reacción en el hemiciclo cuando el 23F entraron los golpistas y sus compañeros de bancada se tiraron al suelo para no ser ametrallados: “Pensaba que me iban a matar de todas maneras, así que, para qué arrodillarse”.
Como dice Alberto Ginel, tenemos rey porque tenemos monarquía, y sin nación y Constitución no tendríamos los dos primeros. Desde las revoluciones liberales del siglo XIX, en que el principio de legitimidad monárquica fue sustituido por el principio nacional democrático a través del cual el rey ejerce una representación positiva en democracia, la Corona es la nación pero nunca al revés, y en España es el mayor representante –y defensor- de su unidad constitucional.
Desacreditar, difamar y vilipendiar el largo historial de servicio de D. Juan Carlos durante los últimos cincuenta años, solo puede tener por objetivo el desprestigio de nuestra Constitución de 1978 que representa un logro histórico sin precedentes que nos ha permitido a los españoles alcanzar unos niveles de libertad, prosperidad, igualdad y presencia internacional sin parangón en nuestra historia contemporánea. Sin su impecable pilotaje del proceso de cambio durante los años setenta y su gallarda defensa de la legalidad constitucional el 23F, la Transición hubiera discurrido –en los términos en que se hubiera producido- por caminos cuyo resultado hubiera traído un mayor ratio coste/beneficio.
Fue él quien entendió “la paradoja pintoresca” que decía el malogrado Tomás y Valiente, según la cual los pactos están originados en el miedo, teniendo que optar entre la guerra declarada y la paz cierta y segura, siendo el dictamen de la razón, lo que nos lleva a la elección de la paz a través de la reconciliación integradora de todos los españoles. Fue él, el promotor de la fenomenal transformación que España ha disfrutado estos años, deshaciéndose de unos poderes casi tan absolutos como los del rey Sol para devolvérselos a la soberanía nacional. Fue él, el representante de los vencedores y vencidos, único capaz de hablar por todos y defender a todos. Fue él quien facilitó el nihil obstat de las naciones poderosas para que España entrara en las organizaciones internacionales en las que había que estar y fue él el embajador de una España alegre, moderna, reconciliada consigo misma que emprendía proyectos y abría mercados por el mundo llamando a la puerta de la modernidad.
Los índices de aceptación de D. Felipe, son –o eran hace unos meses- de los más altos de cualquier personaje público y seguirá con nosotros mientras tenga el “cariño y respeto de sus conciudadanos”, siga dando ejemplo por su templanza, rectitud y transparencia, así como sea más útil que usted o yo metaforfoseados en un presidente de una república. A este respecto, no por divertido es menos clarividente lo que me contó el jurista, discípulo de García de Enterría y eurodiputado Francisco Sosa Wagner, cuando en una ocasión paseaba por Madrid y al llegar a la plaza de Sol, sede del gobierno regional había una manifestación contra Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Al ver a un manifestante con bandera republicana, se le acercó y le dijo ¿sabe Vd. que si hubiera una república, la Sra. Aguirre podría ser presidenta de la república?, a lo que el manifestante le contestó “pues ya me ha fastidiado Vd. el día”.
En los próximos meses veremos a aquellos odiadores que no tienen respuesta para sus propios fracasos (véase las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, y las previsibles del próximo otoño en Cataluña) echar tinta de calamar con asuntos manidos de falsos espionajes, “cloacas”, candados del 78, exhumaciones de viejos rencores, críticas a la Corona o solicitudes de referendos; en un intento de huída hacia adelante con el objetivo de degradar nuestra convivencia en el marco de la Constitución. Si las palabras y los pactos hay que tomárselos en serio, y creo que no hay nada más noble que hacerlo, se hace irrenunciable exigir el respeto a nuestras instituciones y a nuestra Constitución.
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(*) Director de la Fundación Transición Española.
