Un año más, la situación se repite. Con la llegada del calor, la Estación de Control de la Calidad del Aire de Segovia, perteneciente a la Junta de Castilla y León, registra niveles altos de contaminación por ozono. No obstante, la interpretación de estos datos varía en función de quien la realice. Desde la Administración Regional se insiste en que el límite legal de contaminación al ozono, establecido por la Unión Europea, es de 120 microgramos por metro cúbico de aire. Pero diversos colectivos, como Ecologistas en Acción, dan más credibilidad al nivel máximo de ozono recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lo fija en 100 microgramos.
Independientemente de cuál de las dos mediciones sea la mejor, lo cierto es que en la Estación de Control de la Calidad del Aire de Segovia, desde inicio de la primavera, se ha superado siete días el límite legal de la Unión Europea (120 microgramos) y 39 la recomendación de la OMS (100 microgramos). El problema, por tanto, existe.
En cualquier caso, la situación de 2016 está siendo mejor que la de años anteriores, por circunstancias meteorológicas, al haber transcurrido la primavera y el inicio del verano con temperaturas menos elevadas y más inestabilidad atmosférica, lo que reduce la formación y acumulación de ozono.
Esta mejoría no satisface a Ecologistas en Acción, convencida de que la contaminación por ozono en Segovia “se ha convertido en un problema crónico, con las implicaciones para la salud de los segoviano que ello supone”. En ese sentido, recuerdan que la legislación
europea establece que si se superan los 120 microgramos por metro cúbico de aire durante 25 días anuales en tres años consecutivos, la Administración competente debe elaborar un ‘Plan de Control de la Contaminación’.
“Esto es precisamente lo que ya ha ocurrido en Segovia; en el trienio 2013-2015 se han superado los valores establecidos. Y las medidas siguen sin llegar”, denuncia Ecologistas en Acción, que apunta directamente a la Junta de Castilla y León. Pero no únicamente a la Junta.
La pasada semana, Ecologistas en Acción denunció a España ante la Comisión Europea por no elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en el medio centenar de zonas donde entre 2010 y 2015 se ha sobrepasado el límite legal europeo de ozono troposférico para la protección de la salud. Dichas zonas están repartidas entre las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, con 21,4 millones de habitantes afectados, casi la mitad de la población española.
Entre las zonas más afectadas por este problema, como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del área metropolitana de Madrid, están, además de esa comunidad autónoma, las de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Ante este panorama, Ecologistas en Acción defiende que los inexistentes planes de mejora de la calidad del aire deberían pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado, manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios de transporte limpios como el tren, el autobús, la bicicleta o la marcha a pie. Por otro lado, este colectivo sostiene que debería procederse al cierre progresivo de las grandes centrales térmicas de carbón, sustituyéndolas por energías renovables. Y todo ello, sin perjuicio de la “necesaria coordinación entre comunidades autónomas, con el Gobierno Central y con la Unión Europea”.
El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.
La OMS estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos por la exposición a niveles de ozono como los registrados en buena parte de España. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.
