Quince miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia se enfrentan a una nueva imputación, esta vez del Juzgado de Instrucción número 5, después de que el mes pasado se conociera que otro juzgado, el 2, que investiga las retribuciones a altos cargos, ya anunciara la posibilidad de tomarles declaración.
La nueva imputación se refiere a la decisión de hipotecar los edificios de la entidad como aval de la deuda tributaria atribuida a Navicoas, con la que Caja Segovia constituyó una sociedad con un objeto inmobiliario. Sobre este asunto, diez consejeros denunciaron en enero que podría haberse manipulado algún acta para suscribir dicha hipoteca. Por este motivo, el Juzgado llamó a declarar como imputados, el pasado mes de junio, a los que eran presidente y secretario de Caja Segovia, Atilano Soto y Fernando Tapias.
Ahora el juez imputa formalmente la comisión de un presunto delito societario a todos los integrantes del Consejo de Administración de Caja Segovia participantes en la reunión del 17 de julio de 2012, y se acuerda recibirles declaración como tales imputados el próximo día 5 de febrero de 2014. En esa fecha, algunos ya habían presentado su dimisión, y quedaban 15 consejeros, además del presidente, Atilano Soto, y el secretario, Fernando Tapias, que declararon como imputados el junio pasado.
Fuentes judiciales explicaron en un comunicado que la nueva imputación se basa en que el Consejo de Administración de Caja Segovia adoptó un acuerdo para solicitar de Banco Financiero y de Ahorros S.A. el préstamo con garantía hipotecaria por importe de 6.864.611,04 euros, que se concretó en escritura pública otorgada ante un notario de Segovia; entre los bienes hipotecados en garantía del préstamo se encuentra uno de los bienes que pertenecen a Caja Segovia y símbolo de la ciudad: el Torreón de Lozoya, aunque también el Palacio de Mansilla y el Palacio de Villafáñe.
El importe de ese préstamo se destinó a garantizar el pago de la deuda tributaria atribuida a Navicoas Asturias S.L. en virtud de acta de inspección con acuerdo incoado por la Agencia Tributaria el día 20-7-2012 a la entidad Navicoas, en cuanto obligado tributario en calidad de sucesor de la empresa Rubiera Prefabricados para la Edificación S.A. por el concepto impuesto de sociedades y por el periodo 2007. El depósito lo constituyó Caja Segovia a favor de la Agencia Tributaria ante, parece ser, la negativa de Bankia a asumir esa responsabilidad como derivada del contrato de integración y la posibilidad de que a Caja Segovia le fuera exigida responsabilidad al amparo del artículo 43 de la LGT como administrador de hecho o de derecho de Navicoas Asturias S.L., ya que Caja Segovia participaba en un 50% de la entidad Navicoas Asturias S.L. a través de la entidad Sociedad Inversiones y Desarrollos 2069 Madrid S.L., participada en un 100 por 100 por Caja Segovia.
Navicoas Asturias S.L., cuando se incoa el acta de inspección con acuerdo por la Agencia Tributaria, ya estaba declarada en situación concursal en virtud de auto de fecha 10-11-11.
El Juzgado segoviano considera que el Consejo de Administración de Caja Segovia, al concertar el préstamo con garantía hipotecaria, lo hizo sin una base legal sólida y en grave perjuicio económico de la entidad Caja Segovia. Considera que el Consejo de Administración no actuó de la mejor de las formas a la hora de velar por los intereses de la Caja, de sus socios y de sus depositarios, porque por un lado se endeudó —a través del préstamo hipotecario— para solventar la deuda tributaria de una empresa participada que ya estaba declarada en concurso de acreedores, sin que la Agencia Tributaria hubiera dirigido responsabilidad subsidiaria alguna frente a Caja Segovia; y por otro, “no está en modo claro que de esa deuda, si es que se debía responder, no tuviera que hacerlo el Banco Financiero y de Ahorro S.A. o Bankia, en vez de tenerlo que hacer Caja Segovia”, dicen las mismas fuentes.
Este auto es continuación de las diligencias penales previas por presuntos delitos de falsedad documental y societario, contra el ex director general y el ex presidente de la entonces.
Los miembros imputados aseguraron ayer por la tarde que aún no habían recibido la notificación del auto del Juzgado número 5 de Segovia.
Mientras, la portavoz de UPyD en Segovia, Luciana Miguel, ha anunciado que pedirá al Juzgado número 5 poder personarse en esta causa también.
