La Audiencia Nacional condenó ayer por segunda vez al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por un delito de enaltecimiento del terrorismo, esta vez a la pena máxima de dos años de prisión, porque para el tribunal «esta persona se prodiga de forma reiterada» en este tipo de actos.
Aunque la Audiencia no ha podido aplicar la agravante de reincidencia a Otegi, para quien la Fiscalía solicitaba 18 meses de cárcel -a los que se han sumado otros seis más por la petición del Foro de Ermua y de Dignidad y Justicia-, estima que al acusado le ha «costado asumir» el contenido de la anterior sentencia, que le condenó a 15 meses de prisión por intervenir en diciembre de 2003 en Arrigorriaga en un acto en recuerdo del dirigente etarra José Miguel Beñarain, Argala. «Resulta evidente a todas luces que esta persona se prodiga de manera reiterada en este tipo de actos, lo que por otro lado es algo que resulta público y notorio, resultando ser un destacado líder en estas lides», subraya la sección cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal, presidida por la magistrada Ángela Murillo.
La sentencia considera probado que Otegi acudió al homenaje al preso etarra José María Sagarduy en Amorebieta (Vizcaya) el 9 de julio de 2005, «concurrencia que carece inicialmente de trascendencia penal».
Durante el acto, vertió un discurso como portavoz de Batasuna en principio «no censurable», pues se refirió al alcance de los «objetivos ansiados (reconocimiento de la territorialidad y autodeterminación) mediante la utilización de la sensatez, la inteligencia y la prudencia política».
Todo ello, explica el tribunal, en un acto que, previamente publicitado por el diario Gara en un anuncio en el que figuraba el anagrama de Gestoras Pro-Amnistía, Askatasuna y Batasuna, fue «amenizado por txalapartas, dantzaris y bertsolaris en un escenario presidido por una fotografía de grandes dimensiones» del homenajeado.
Sin embargo, al término de su intervención, fue cuando Otegi incurrió, en opinión del tribunal, en un delito de enaltecimiento, pues afirmó que dichos objetivos «se los debemos a los presos políticos vascos, refugiados y tantos camaradas que hemos dejado en la lucha y lo conseguiremos».
A ello añade que en el juicio oral, celebrado en enero, el ex portavoz admitió haber participado en el acto por deseo de los familiares de Sagarduy y con el fin de apelar a una «negociación pacífica, política y democrática», pero, destaca el tribunal, no desmintió a preguntas de su defensa «en ningún momento» las frases que «conducen a su condena».
Por estos hechos, la Audiencia Nacional también ha impuesto al de Elgoibar la pena de 16 años de inhabilitación absoluta, que le impedirá desempeñar cargos públicos o presentarse a las elecciones, aunque le absuelve de los delitos de asociación y reunión ilícitas que le imputaban las acusaciones populares ejercidas por el Foro Ermua y Dignidad y Justicia.
Las otras dos personas que se sentaron en el banquillo junto a Otegi, la ex presa etarra Itziar Galardi y Josune Irakulis, que solicitó el permiso para celebrar el acto de homenaje, resultaron exculpadas.
Para justificar la absolución, el tribunal se pregunta que «por qué no fueron encausados en este asunto los miembros del departamento de Interior del Gobierno vasco, y también los componentes del Ayuntamiento de Amorebieta», el primero por autorizar el homenaje y los segundos por «coadyuvar su actuación, aportando los medios logísticos necesarios».
La Audiencia aún debe pronunciarse sobre dos acusados por estos hechos, el portavoz de Etxerat Estanislao Etxaburu y el abogado de Askatasuna Jon Enparantza.
