El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) continúa fijado en 600 euros mensuales desde 2023. En ese mismo periodo, la inflación acumulada supera el 9 %. La consecuencia técnica es clara: el indicador ha perdido poder adquisitivo.
Si se hubiera actualizado conforme al IPC medio anual (3,53 % en 2023; 2,78 % en 2024; 2,92 % en 2025), hoy se situaría en torno a 657 euros mensuales. La diferencia anual en 14 pagas ronda los 800 euros.
No es una cuestión contable menor.
El IPREM fija los umbrales de acceso a becas, vivienda protegida, justicia gratuita y diversas ayudas sociales. Cuando no se actualiza en un entorno inflacionario, se produce un efecto acumulativo: el valor real del indicador disminuye y los requisitos se endurecen sin modificación formal de la norma.
Desde el punto de vista técnico, no actualizarlo equivale a una contracción indirecta del gasto social. No se anuncia como recorte, pero opera como tal.
El contraste es evidente: las pensiones sí se revalorizan automáticamente conforme al IPC medio para mantener poder adquisitivo. El argumento es coherente. La pregunta es por qué esa lógica no se aplica al indicador que regula el acceso a derechos sociales.
Tres años de congelación no son neutros. En términos reales, el umbral social es hoy más bajo que en 2023. La inflación no desaparece por ignorarla; redistribuye renta.
Si la protección social debe mantenerse frente a la inflación, también deben mantenerse intactos los umbrales que permiten ejercerla; lo contrario es aceptar que el ajuste lo haga el silencio.
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Javier Baños
