Acabo de terminar el libro de Juan Carlos I con el sugestivo título “Reconciliación”, y me permito aconsejar su lectura porque además de aparecer el Rey, también aparece el hombre. Y ahora que se han desclasificado los papeles del golpe del 23-F, debo decir que en su libro dedica un capítulo a los tres golpes que paró a la vez: el del coronel Tejero, el del general Milans del Bosch, y el de Armada, que fue muy doloroso para él. Por eso, no me ha sorprendido el resultado de la inesperada desclasificación, donde se desprende el decisivo papel que jugó, pese a que a algunos les cuesta reconocerlo. Feijóo ha sido muy claro: “La desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”.
En cuanto a la cuestión de si Juan Carlos I debe regresar a España, no es sólo un asunto personal o familiar; sobre todo es una cuestión institucional, jurídica y simbólica, por lo que una defensa bien fundada de su regreso puede apoyarse en varios pilares sólidos, que conviene examinar con serenidad y sin pasiones partidistas.
En ese sentido, no está mal recordar que un principio básico del Estado de derecho es que no hay destierro sin condena, por lo que las consecuencias jurídicas sólo pueden derivarse de resoluciones judiciales, no de presiones mediáticas ni de climas de opinión.
Juan Carlos I ha sido objeto de investigaciones, pero la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las diligencias. Por tanto, si no existe condena penal contra él, mantener en la práctica un “exilio de facto” sin sentencia, equivale a aceptar una sanción extrajudicial incompatible con el espíritu del Estado de derecho. Un ciudadano sin condena tiene pleno derecho a residir en su propio país. Por tanto, que el rey emérito siga en el extranjero introduce una anomalía institucional porque sugiere —implícitamente— una culpabilidad no declarada judicialmente. Y eso es algo que debilita la continuidad de la Corona y perjudica a Felipe VI.
Juan Carlos I tuvo un papel histórico en la consolidación democrática, y este punto esencial, si se omitiese, distorsionaría la historia. Recordemos que Juan Carlos I desempeñó un papel crucial en tres momentos decisivos. En primer lugar, la transición democrática (1975–1978) que facilitó el paso pacífico de la dictadura a la democracia, (algo excepcional en la historia española, tradicionalmente marcada por rupturas violentas). En segundo lugar, la neutralización del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, donde su intervención televisada ordenando a los militares respetar el orden constitucional, fue determinante para el fracaso del golpe. Lo recuerdo perfectamente porque yo era concejal entonces y no me acosté hasta escucharle en televisión. Y en tercer lugar, el afianzamiento y estabilización institucional durante cuatro décadas, porque su figura proporcionó continuidad y neutralidad arbitral en un sistema político todavía joven. En definitiva, fue “Un rey constitucional para una nueva España” como titula uno de los capítulos de su libro.
Evidentemente, esto no convierte a nadie en inmune a la crítica, pero sí establece una deuda histórica objetiva del sistema democrático con su figura. Las democracias maduras deben saber distinguir entre los méritos históricos y los errores personales posteriores, sin necesidad de borrar lo primero para juzgar lo segundo.
Su regreso no debilitaría, sino que reforzaría la normalidad institucional. Un rey emérito viviendo discretamente en España sería una figura bien ubicada históricamente. Sin embargo, un rey emérito fuera del país se convierte en una cuestión política permanente. Y no digo nada sobre la vergüenza nacional si por desgracia muriese en un exilio forzado.
Más allá de la política, existe una dimensión humana elemental, porque Juan Carlos nació vinculado al destino histórico de España, fue jefe del Estado durante casi 40 años, y tiene en España su familia, su historia y su identidad.
Por otra parte, es importante subrayar que defender su regreso no significa negar las críticas, ni ignorar los errores, ni idealizar su figura. Significa afirmar algo más profundo; significa que en un Estado de derecho, la legitimidad no depende de la simpatía ni de la reputación, sino de la ley. Por tanto, el regreso de Juan Carlos I a España sería coherente con tres principios fundamentales: el respeto al Estado de derecho, la dignidad y continuidad institucional, y la madurez histórica de la democracia española.
Las democracias frágiles expulsan su pasado, mientras que las democracias maduras lo integran, lo juzgan con serenidad y siguen adelante. España, tras casi medio siglo de democracia, debería aspirar a ser de las segundas.
Como escribió Cicerón, “la patria es el refugio común; y ningún refugio puede negarse para siempre a quien formó parte de su historia».
